La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy poner fin al almacenamiento masivo de datos telefónicos por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), la primera gran consecuencia legislativa de las filtraciones de Edward Snowden.

 

Con una mayoría de 303 votos frente a 121, la cámara baja dio luz verde a un proyecto de ley que prohíbe a la NSA almacenar por su cuenta miles de millones de “metadatos” telefónicos, incluidos los de la práctica totalidad de las conexiones telefónicas de los estadounidenses.

 

Ahora deberán ser las compañías telefónicas estadounidenses las que mantengan esa información, que se limitan a número teléfono, duración de la llamada o localización, durante 18 meses.

 

La NSA tendrá acceso a los mismos solo mediante una autorización judicial en la que provea detalles de la razón específica por la que se desean rastrear comunicaciones y para investigar planes terroristas orquestados desde el extranjero.

 

En el pasado, la mayor agencia de espionaje electrónico de Estados Unidos podía pedir autorización para hacer acopio de estas conexiones y almacenarlas en sus propia base de datos durante años para realizar análisis de inteligencia que en ocasiones excedían la justificación que motivó la orden judicial inicial.

 

La ley, bautizada como Freedom Act, es una enmienda a la polémica Patriot Act, creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para ampliar a un nivel sin precedentes el alcance del espionaje de la NSA, saltándose ciertas salvaguardas para proteger la privacidad de los estadounidenses consagrada en la Constitución.

 

Las filtraciones de Snowden, exanalista de la contratista de la NSA Booz Allen Hamilton, expusieron los detalles de la acumulación masiva de conexiones telefónicas y el espionaje en las comunicaciones en internet y llevaron al presidente estadounidense, Barack Obama a actuar.

 

El presidente propuso en enero poner en manos de las empresas de telecomunicaciones los datos telefónicos y pidió al Congreso legislar sobre este punto, el que más claramente podría ser considerado una violación de la Constitución estadounidense.

 

Tras la aprobación por parte de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, la Freedom Act debe pasar al Senado, donde el predominio es demócrata y donde no debería haber problemas para que la ley pase al presidente y se convierta en la primera consecuencia tangible de la histórica filtración de Snowden.

 

Según el congresista republicano James Sensebrenner, autor tanto de esta ley como de la Patriot Act, el nuevo texto “establece el equilibrio adecuado entre privacidad y seguridad”, mientras que “los abogados de la NSA no van a poder volver a volar agujeros” en las garantías fijadas por el poder Legislativo y Judicial.

 

Pero para algunas organizaciones de defensa de los derechos civiles esta ley ha sido redactada con la intención de mantener el amplio acceso de la NSA al mapa de conexiones telefónicas de Estados Unidos, que según Snowden permitiría al Gobierno conocer afiliaciones políticas o religiosas de una persona.

 

La directora de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) en Washington, Laura Murphy, indicó en un comunicado que “pese a no ser perfecta, la propuesta de ley es una declaración de intenciones ambigua sobre la intención del Congreso de reinar sobre una NSA fuera de control”.

 

Las mayores críticas se las ha llevado una enmienda que expande la definición de objetivos a espiar, que ahora, además de incluir a personas y entidades, se amplía a “dispositivos” o “direcciones”.

 

En opinión del Centro por Democracia y Tecnología (CDT), que retiró su apoyo a la reforma legal abordada por la Cámara, esta reforma “está descafeinada y va en contra del abrumador apoyo para que se ponga fin de una vez a la colecta masiva”.

 

Harley Geiger, consejero de la CDT, considera que esta reforma tiene intención de acabar con el debate sobre el espionaje telefónico de la NSA y no pone fin a la posibilidad de obtener y analizar cantidades ingentes de conexiones telefónicas de estadounidenses.