Al realizarse la diligencia en la que el ex director del Hospital General de Comitán, Raúl Belmonte Martínez, ratificaría su declaración ministerial, el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, se desistió de dichas testimoniales y se negó a salir a la rejilla de prácticas.
En dicha declaración, el ex funcionario señala haber informado en su momento de las condiciones precarias en las que se encontraba dicho nosocomio, que derivó en la muerte de al menos 35 recién nacidos.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que a solicitud de la propia defensa de Salazar Mendiguchía, hoy se desahogaría la diligencia para que los abogados cuestionaran lo afirmado por Belmonte Martínez.
Sin embargo, por la mañana, la defensa presentó a la autoridad judicial un escrito por parte de Salazar Mendiguchía donde se desiste de esa solicitud, a pesar de que, en un primer momento, consideraba que aportarían pruebas a su favor.
En este contexto, Belmonte Martínez declaró ante el Ministerio Público investigador, que desde su llegada al nosocomio realizó gestiones para la dotación de recursos, los cuales nunca fueron suministrados, por el contrario, dijo, en 2002 hubo un recorte presupuestal que afectó la disponibilidad de materiales y recursos humanos.
Además, puntualizó que a mediados de 2002, durante una reunión en Tuxtla Gutiérrez, “el propio Pablo Salazar Mendiguchía me dijo que no habría ningún tipo de apoyo económico para el hospital”.
“Posteriormente, en otro acercamiento, Ángel René Estrada Arévalo me hizo saber que el gobernador dijo que no suministraría ningún tipo de recurso al Hospital General K, ni para ningún otro hospital de Comitán, toda vez que era la tierra del ex gobernador Roberto Albores Guillén”.
El expediente penal integra, entre otras pruebas irrefutables, la declaración de diversos testigos que laboraban en el Hospital General K de Comitán, así como la recomendación 24/2004 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).