El presidente de la Comisión de Educación del Senado, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que las modificaciones a la Ley General de Educación como parte de la reforma educativa, incluyeron 12 artículos relacionados con la violencia escolar, en los que se establecen responsabilidades y sanciones, tanto para los padres como a los maestros.

 

La normatividad existe, por lo que ahora los legisladores revisan si los mandatos se aplican.

 

Por ejemplo, el artículo 30 establece que todas las instituciones educativas están obligadas a generar indicadores sobre la prevención y eliminación de violencia, y los resultados deben ser públicos. En tanto, el artículo 32 señala la obligación de la escuela para desarrollar programas de actividades para prevenir este fenómeno; y el 66 subraya la obligación de los padres de informar a los docentes sobre los cambios de conducta de sus hijos.

 

Además, se estableció la obligación para las autoridades educativas, municipales y estatales de crear Consejos Escolares de Participación Social, cuya función es, entre otras, fomentar la convivencia entre los alumnos y difundir programas preventivos de delitos y violencia.

 

El artículo 75 establece que el personal educativo será sancionado cuando oculte a los padres las conductas de los alumnos que notoriamente deban ser de su conocimiento.

 

La ley educativa se suma a la Ley de Protección de los Niños, las Niñas y los Adolescentes, la Ley de Prevención de la Violencia y las leyes estatales de menores infractores, así como a las legislaciones de 14 entidades sobre bullying y violencia.

 

“Son ordenamientos civiles que ya existen y el planteamiento que estamos haciendo es recurrir a las mejores prácticas mundiales, y en eso estamos pidiendo ayuda a Naciones Unidas, tanto en el tema de legislación como en el de política pública”, refirió el senador.

 

En entrevista, explicó que en el Senado y la Cámara de Diputados analizan las leyes existentes, así como las 30 iniciativas presentadas. Durante julio y agosto los legisladores realizarán una serie de foros, y para el siguiente periodo ordinario el objetivo es aprobar un nuevo marco normativo.

 

El presidente de la Comisión de Educación, subrayó que la legislación se complementará con el plan piloto que arranca la SEP a partir del último trimestre del año y que contiene 15 acciones, entre las que destacan una página en internet para recibir denuncias, desarrollo de protocolos de actuación para maestros, crear una instancia de la autoridad educativa para atender estos casos y elaborar estudios para identificar los planteles con mayor incidencia.

 

Piden a maestros y padres denunciar

Por Ángel Cabrera

 

La Presidencia de la República pidió a las escuelas del país brindar apoyo a los alumnos que sean víctimas de bullying, dar seguimiento a sus casos e incentivar la denuncia ante los casos de acoso escolar.

 

En su página electrónica, la Presidencia publicó la víspera cinco puntos sobre el bullying, entre los cuales pidió a los padres de familia estar alerta del comportamiento de sus hijos y tener una amplía comunicación con ellos para detectar posibles abusos.

 

Ante el ascenso del problema en los planteles escolares del país, el documento reiteró que la Secretaría de Educación Pública (SEP) pondrá en marcha en octubre un programa piloto para prevenir y reducir el acoso escolar.

 

Recientemente se han conocido episodios de Bullying como el de una escuela en Tamaulipas, donde un niño de 13 años falleció por traumatismo craneoencefálico causado por un golpe en la cabeza que presuntamente le ocasionaron cuatro de sus compañeros.

 

Los crecientes casos de acoso escolar causaron la reacción del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien en una visita a Tamaulipas se comprometió a crear programas para prevenir y erradicar un problema que, dijo, es reflejo de la violencia que se vive en las calles del país.

 

Hace unos días la SEP difundió las 15 acciones que llevará a cabo para combatir el acoso escolar, entre los que se encuentran fortalecer los mecanismos de alerta y establecer en cada entidad una oficina que atienda los casos de bullying.

 

Por su parte, la Presidencia señaló que “para lograr un ambiente escolar seguro es necesario sensibilizar y estimular la participación de todas las personas involucradas, directa o indirectamente, y en caso de sospecha de que algún escolar sufre de estos actos violentos, las autoridades de la escuela deben vigilarlo de cerca y brindarle apoyo para que pueda denunciar lo que sucede”.

 

Consideró que los “padres de familia deben estar muy atentos al comportamiento de su hijo o hija, tener amplia comunicación con ellos y si está en una situación de bullying solicitar ayuda médica para atender a tiempo el problema y evitar mayores daños”.

 

En otro de los puntos, el gobierno de Peña Nieto explica lo que es el acoso escolar: “la persona que lleva a cabo el acoso lo hace con el propósito de imponer su poder y dominio sobre la víctima, a través de constantes intimidaciones, amenazas, insultos, humillaciones, devaluaciones, agresiones físicas, entre otras”.