Sancionar a menores de edad con la privación de la libertad por delitos derivados de la violencia debe ser la última de las opciones, debido a que estos castigos poco ayudan a la reintegración de los niños, advirtió Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Suscríbete a nuestro canal
Lo anterior luego de que la bancada del PRI en la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, presentara una iniciativa para que los niños que cometan homicidio derivado del acoso y violencia escolar sean sancionados con una pena de uno a cinco años de prisión. De acuerdo con el planteamiento legislativo, los menores que incurran en este delito serán confinados a un Centro federal de Internamiento.
No obstante, el especialista en temas de derechos de la infancia recomendó que ésta debería ser la última acción. “Existen otras medidas bajo la figura de ‘justicia restaurativa’, que se acompaña de acciones socioeducativas y son las que se recomiendan que se apliquen con el fin de que los menores, porque no hay buena experiencia cuando los jóvenes son privados de la libertad".
De acuerdo con Martín Pérez, un adolescente encerrado no crece y no se desarrolla, además de que los centros penales en el país han demostrado ineficiencias para reinsertar a su población en la sociedad.
Por otra parte, Alma Meneses, responsable de Legislación y Políticas Públicas de la Redim, explicó que en el país ya existe un sistema de justicia para niñas, niños y adolescentes, el cual establece medidas para los actos delictivos en los que pudieran incurrir los menores de edad.
"De acuerdo con la reforma al artículo 18 Constitucional, los menores no pueden ser juzgados igual que un adulto, porque las implicaciones que tiene una repercusión penal sobre ellos afecta en su proyecto de vida", agregó.
En entrevista previa, Meneses aclaró que solamente cuando un niño es mayor a 12 años es imputable y, de resultar responsable de un delito, su caso de manda a un juez penal y él decide sobre la sanción dependiendo de la conducta delictiva, esto bajo un sistema especializado diferenciado al de los adultos y con penas distintas, acordes a su edad y condiciones de vida.
Dentro de este sistema especializado, agregó, existen sanciones privativas para delitos graves, las cuáles van de acuerdo con la situación del menor, pero también hay penas alternativas, como trabajo comunitario, cuyo fin es reinsertar al adolescente en el núcleo social y fortalecerlo evitando las situaciones de riesgo que lo llevaron a delinquir.
"No podemos estar a favor de que se sancione a niñas y niños porque la lógica es que aquel que ejerce violencia seguramente también es violentado, entonces lo correcto para poder disminuir estas situaciones es garantizar los derechos de los menores en los distintos espacios donde se desenvuelven", apuntó Meneses.