Migrantes centroamericanos expusieron ante senadores la situación que prevalece en países de Centroamérica que los obliga migrar por la pobreza e inseguridad, así como el maltrato que reciben de autoridades y la delincuencia en México.
Ante integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y El Caribe exhortaron al Senado mexicano el legislar en favor de visas de tránsito y humanitarias que eviten las extorsiones, los secuestros y las violaciones.
En el marco del “Encuentro a favor de la Migración con Rostro Humano” y encabezados por defensores de organizaciones y albergues, como el Padre Alejandro Solalinde, pidieron que se les otorgue seguridad humana y atención médica.
Asimismo en la sede del Senado en el evento auspiciado por la senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo, pidieron poner un alto a los abusos de las autoridades de todos niveles y de la delincuencia organizada.
Reprocharon la corrupción y el olvido de sus gobiernos respectivos en naciones como Guatemala, El Salvador y Honduras, que aseguraron los obliga a emigrar hacia Estados Unidos en busca de empleo y la sobrevivencia de sus familias.
El migrante guatemalteco, Gonzalo Alejandro González Segura, expuso el drama que le tocó vivir en su tránsito hacia Estados Unidos en la llamada “Bestia”, cuando fue atacado por pandilleros de la Mara Salvatrucha.
“Y en ese camino en el estado de Oaxaca, fui secuestrado por la Mara, me hicieron mucho daño, del cual todavía no me recupero. Me dieron veintiséis machetazos y aquí ando por voluntad de Dios. Nosotros no somos malos, nosotros somos personas que venimos a luchar por un sueño”, narró.
Elizabeth Lara Rodríguez, coordinadora de la Oficina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en Ixtepec, Oaxaca, opinó que México está en deuda con los migrantes y tiene el deber de resarcirles cualquier daño que sufran al cruzar por el país.
Hizo un llamado a las corporaciones policiales para recordarles que hay migrantes que cuidar y proteger, porque el Estado tiene ese deber.
El padre Alejandro Solalinde, director del Albergue Hermanos del Camino, expuso que se busca un diálogo y la corresponsabilidad del Senado y del Estado en materia migratoria, para impulsar una visión y una política diferente a la actual que sólo ha privilegiado la seguridad.
Destacó que los migrantes centroamericanos se han reunido en estos días con los cónsules de Centroamérica en México, con legisladores y buscan encuentros con subsecretarios de Estado.
Solalinde recordó que se han acercado a la Arquidiócesis de México, que no ha estado a altura del problema, a pesar de que el Papa Francisco ha sido muy claro en priorizar la defensa de los migrantes.
La senadora del PAN, Mariana Gómez Del Campo dijo que la política migratoria en el país debe dejar de ser “persecutoria” para convertirse en una política social, comprensiva y humana.
Aseguró que los legisladores han presentado diversas iniciativas para reformar la ley de migración, “porque buscamos que su tránsito no sea la pesadilla mexicana, ya que los migrantes no son criminales, sino personas que están buscando una mejor oportunidad”.
En este sentido, refirió que ya se ha presentado una reforma para elevar a rango constitucional el derecho de las personas migrantes, así como para que el Estado tienda la mano a las casas de asistencia, “debido a que estos albergues hacen muchas de las tareas que le toca al gobierno”.
Lo que menos deseamos es que se endurezca la política migratoria, no queremos que autoridades prioricen el uso del tolete, en lugar de la razón y el sentido común, manifestó.
Señaló que se han hecho exhortos para que el gobierno federal explique acciones como el operativo implementado por el INM, la Policía Federal y autoridades estatales en Tabasco, “del cual estamos muy indignados por el uso de la fuerza pública”.
Dijo que escucharlos ha sido una de nuestras principales tareas, porque si no entendemos lo que viven o sufren, difícilmente podremos construir soluciones coherentes para darle a la migración un rostro humano, perfeccionando la legislación.
En su oportunidad, el senador perredista Zoé Robledo Aburto reconoció que el Estado mexicano en su conjunto tiene una “enorme deuda” con los defensores de los derechos humanos, pues son ellos quienes están sustituyendo los vacíos que deja el gobierno.
Asimismo, afirmó que México se ha convertido en una tierra hostil y un duro obstáculo para las aspiraciones, sueños y derechos humanos de los migrantes, por lo que “en el Senado sería irresponsable no reconocerlo, y por lo menos, desde nuestra posición pedirles una disculpa”.