Debido a los altos índices de inseguridad y de ingobernabilidad, y por la dimensión que habían tomado los enfrentamientos entre grupos de autodefensas y células del crimen organizado, en febrero el gobierno federal envió una legión de mexiquenses que tomaron las riendas del gobierno de Michoacán y que, prácticamente, vienen funcionando como un gabinete alterno en puestos clave de seguridad, justicia y sociedad.

 

 

Comandos por Alfredo García Cervantes, cercano colaborador del presidente Enrique Peña Nieto, los emisarios del gobierno federal asumieron el control de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia.

 
Por su parte, García Cervantes, nombrado por decreto presidencial como Comisionado para la Seguridad en Michoacán, se le otorgó el poder para crear una nueva estrategia contra el crimen y, además, un plan a largo plazo que reconstruya el tejido social de la entidad.

 
Con una inversión de 45 mil millones de pesos, el plan Juntos por Michoacán fue presentado a mediados de febrero por el presidente Peña, quien nombró a Alfredo Castillo como líder del rescate a la entidad, con lo que, aunque oficialmente Fausto Vallejo era el gobernador, las decisiones estratégicas eran tomadas por el enviado de Peña. Entre una de las más importantes, destaca la firma de un acuerdo con los grupos de autodefensas para institucionalizarlos como guardias rurales en sustitución de las policías municipales.

 
Entre los mexiquenses que llegaron a puestos claves está Carlos Hugo Castellanos Becerra, ex director jurídico de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) durante el sexenio de Peña y ex encargado de la Subprocuraduría Jurídica de la Profeco, designado titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

 
Respecto a la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, fue nombrado José Martín Godoy Castro, ex subprocurador de Atención Especializada en el Edomex, mientras Enrique Peña era gobernador de esa entidad y Alfredo Castillo era fiscal.
Al menos otros ocho ex colaboradores de Peña fueron enviados como subprocuradores y enlaces de seguridad a las región de Tierra Caliente, en ese momento la más conflictiva.

 
Y además, el gobierno federal nombró a un alto funcionario de cada una de las 18 secretarías como representante especial para Michoacán, con lo cual, prácticamente se armó un gabinete federal que sigue operando en aquella entidad.