A pesar de las victorias, el estado del futbol es el de un poder fáctico.

Detrás del futbol se oculta una estructura de poder económico, de dominación mediática y de control social. Por tanto, el Estado le debe a la sociedad una revisión legal del funcionamiento del futbol como empresa privada para proteger al aficionado.

De acuerdo con pérdidas y ganancias, el futbol no es un negocio para los dueños, pero igual existen empresarios y organizaciones sociales -como universidades y gobiernos estatales- interesados en ese deporte de masas. La incorporación del empresario Carlos Slim a la propiedad directa e indirecta de equipos de futbol fue motivada como una entrada lateral al negocio de la televisión en la transmisión de partidos.

En este contexto y por el poder hegemónico de la televisión privada -TV Azteca y Televisa y ahora Slim vía televisión por internet- sobre el futbol, el gobierno federal y el congreso estarían obligados socialmente a meter las manos en esta actividad y en otras áreas del deporte profesional para poner orden.

México necesita una ley del deporte profesional que reconozca los derechos de los deportistas frente a las ambiciones de los dueños de los medios, irregularidad que comparten inexplicablemente la UNAM, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Nuevo León como patrocinadores de equipos de primera división del futbol profesional y por ahí también cómplices del funcionamiento mercantilista de ese deporte profesional.

Asimismo, por la complejidad de los problemas, los deportes profesionales como el futbol, el beisbol y el tenis, entre otros, necesitan de un comisionado gubernamental como autoridad federal regulatoria. La Comisión Nacional del Deporte carece de instrumentos y mecanismos de regulación, es incapaz de controlar a las federaciones deportivas y de hecho está sometida a los poderes

fácticos que controlan el deporte. Hasta ahora, la CONADE depende de la Secretaría de Educación Pública.

La estrategia ha sido nombrar a deportistas como directores de CONADE pero han sido los mismos que han padecido y aceptado las irregularidades. Asimismo, esos funcionarios han sido complacientes con los poderes fácticos que controlan los deportes en sus expresiones internacionales: olímpicos, panamericanos y mundiales.

El escándalo y fraude con los cachirules en el futbol juvenil en 1988 apenas sacó del deporte al dirigente Rafael del Castillo pero no provocó mayores supervisiones gubernamentales ni legislativas, a pesar de que se trató de una irregularidad que debió de haber provocado acciones penales. Al final de cuentas, los dueños de los equipos manipulan al futbol profesional en función de los intereses de los poderes dominantes: Televisa, TV Azteca y ahora Slim.

Las leyes secundarias en telecomunicaciones tienen tiempo para regular las funciones de los grandes consorcios en el deporte porque el poder económico derivado de las transmisiones y los patrocinios suelen imponer a jugadores que a la vez anuncian productos comerciales y por tanto los patrocinadores han llegado a condicionar la presencia de algún jugador en especial.

En términos económicos hay una irregularidad cuando alguna televisora controla la transmisión de partidos vía la señal y también por los patrocinios y al mismo tiempo esa televisora tiene la propiedad de algún equipo. Por ley de competencia podría prohibirse a las televisoras ser propietarias de equipos de futbol cuya transmisión es a la vez un gran negocio. La parcialidad de los comentaristas de las televisoras para alentar a sus equipos es una violación a la equidad deportiva.

Mientras el Estado y el gobierno federal sigan ajenos al deporte profesional, las victorias estarán avalando las irregularidades.