Cada año, el regalo para los grandes encabezados es el mismo: la Auditoría Superior de la Federación nos obsequia, en el tímido envoltorio de las páginas del diario, las quejas, denuncias y hallazgos de la corrupción nacional enquistada en el ejercicio del presupuesto.

 

Como anualmente sucede nos rondan inocuas las palabras. Desvíos, subejercicios, irregularidades, observaciones, auditorías y otras cuya eufónica condición esconde los simples adjetivos de la calle: tracaleros, ladrones, transas, avorazados.

 

Tal se dijo el día de la entrega del informe a la Cámara de Diputados, en el documento constan los resultados de las mil 31 auditorías practicadas a la Cuenta Pública del 2010, de las cuales, 626 fueron con enfoque financiero y de cumplimiento normativo, 205 de desempeño, 143 de inversiones físicas, 44 especiales, 11 forenses y 2 de situación excepcional. Además 558 auditorías a estados y municipios.

 

Las investigaciones del fiscal superior, quizá sin pipa pero con lupa como Sherlock Holmes, determinaron 9 mil 39 observaciones que generaron la promoción de diez mil 778 acciones, de las cuales seis mil 935 fueron de tipo preventivo y tres mil 843 de carácter correctivo.

 

De las acciones correctivas generadas, mil 296 correspondieron a pliegos de observaciones, mil 893 a “promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria” y 98 a denuncias de hechos.

 

Además, se nos dice en un documento oficial, “se emitieron 100 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 439 solicitudes de aclaración y 17 multas”.

 

Total, mucho ruido y pocas nueces.

Pero en este año, en el cual toda acción adquiere o pierde importancia por consecuencia del matiz electoral omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, se nos ofrece una supuesta esperanza:

 

El auditor superior ya podrá convertir sus hallazgos contables y sus pesquisas entre el balance, el ejercicio, la partida y el entero, en elementos para la acción penal en busca del viejo sueño de cobrarle a quien hemos visto hacer lo indebido.

 

Los medios lo dieron a conocer de esta manera:

 

“Las duras críticas de los diputados de la oposición respecto de los malos resultados obtenidos por el gobierno de Felipe Calderón en la aplicación de muchos miles de millones de pesos en cuatro rubros analizados e investigados por la Auditoría Superior de la Federación, pasaron ayer a la acción y al estudio para la presentación de denuncias penales por la desviación y dudosa aplicación de los recursos aprobados por la Cámara de Diputados (DI)”.

 

La innovación por cuyo éxito futuro esta columna no apuesta ni un peso, surgió como consecuencia de la rijosidad quejumbrosa de los diputados priistas César Augusto Santiago y Carlos Flores Rico, quienes en ocasiones anteriores ya habían predicado en el desierto en torno de los gastos y desvíos en el gasto público.

 

Por lo pronto los hallazgos actuales van en el mismo camino de los anteriores, contenidos en las ocho auditorías superiores de años anteriores, y eso por no decir más: irse como el sol cuando muera la tarde.

 

Y esa frase no es mía, es de José Alfredo. No vaya yo a ser acusado de plagio como cualquier pirata de la cultura premiada.

 

 

A principios de mes la noticia cayó como una bomba:

 

“El general mexicano Jesús Moreno (Novosti) está siendo enjuiciado por un tribunal militar por homicidio de civiles y por los crímenes vinculados con el narcotráfico.

 

“El general Jesús Moreno está en dos causas penales, una por delitos contra la salud (narcotráfico) y otra por violencia contra las personas causando homicidio calificado”, indicó Jesús Gabriel López, fiscal general de justicia militar de México.

 

“Junto con Moreno se acusan a 30 más de sus subordinados, incluido un mayor. Todos fueron detenidos en septiembre del 2011. Los crímenes que le imputan fueron cometidos entre el 2008-2009 en el estado de Chihuahua, situado en la frontera con EU. Según el rotativo, Moreno ordenó “la ejecución de al menos siete civiles”, recibió sobornos del narcotráfico y colaboró con ellos. En el caso de ser reconocido culpable podría ser condenado a 60 años de prisión.

 

“Jesús Moreno es ya el segundo general mexicano acusado de nexos con el narcotráfico en México. En 1997, el entonces comisionado de la lucha antidroga, Jesús Gutiérrez Rebollo, fue condenado a 30 años de prisión por brindar protección al líder del cártel de Juárez”.

 

Pero si eso no fuera suficiente, en el primer juzgado militar de la Ciudad de México se ventila otro caso escandaloso:

 

Un general de la VI Zona Militar con sede en Saltillo, Coahuila, y cuyo nombre se mantiene en la reserva de un proceso en marcha, ha sido acusado de recibir sobornos a cambio de protección por el grupo criminal de Los Zetas.

 

“El día 6 de marzo de este año fue el día en que le pagué personalmente la nómina de los militares (de) parte de la organización de Los Zetas, quien me manifestó Tauro el 8 de marzo de este año que lo vi que el general que estaba recibiendo dinero por parte de Los Zetas era el general jefe del Estado Mayor de la Zona Militar de Saltillo, diciéndome que le dijéramos a dicho general que calmara el ambiente, que no hubiera mucho “patrullamiento” por parte de los militares.

 

“Se le paga a un general del Ejército en Saltillo de quien sólo tengo contacto por vía nextel y otro militar que anda en varios estados de la República y por lo regular está en México (…) a estos dos militares les paga el comandante Rana”, dijo Pedro Toga Lara, El Guacho.

 

Obviamente la conducta individual de cualquier miembro de las fuerzas armadas no determina ni la costumbre ni la calidad del cuerpo completo, y bien hace el gobierno en dar a conocer estos datos (así sea incompletos). Y mejor hará la justicia militar si demuestra, de paso, la validez del fuero de Guerra a través del justo castigo a quien lo merezca.

 

 

Quizá los tiempos han cambiado mucho, pero la toma de posesión de Fausto Vallejo habría sido un buen escenario para el PRI, al menos para exhibir el fracaso de un intento oficialista de complicarlos con el financiamiento ilegítimo de la campaña del actual gobernador, Vallejo, y de paso instaurar desde el gobierno el nepotismo electoral.

 

En lugar de eso, redujeron las invitaciones a medios de comunicación de los llamados “nacionales” y celebraron con sordina, sotto voce; como si guardaran algún complejo de culpa o hubieran pactado no hacer ostentación del triunfo obtenido en el filo del horario judicial.

 

Quizá por eso ahora ya comienzan las actitudes defensivas, cuya aparición obedece siempre a la ausencia de actitudes ofensivas. El PRI no se ha vuelto un partido activo desde la oposición, se ha conformado con ser un partido “reaccionario”. Nada más sabe reaccionar cuando los opositores lo tunden un día sí y otro también.

 

Ya solo, sin el cobijo ni del candidato ni del partido, pues un gobernador se debe desprender de ese aparato, Fausto Vallejo amenaza a quienes insisten en exhibirlo como producto de una alianza negra con los narcos locales.

 

“Esas son perversidades, dice, yo creo que no tienen fundamentos; y si tienen fundamentos, entonces que demanden y los deben llamar a declarar a la PGR. Por nuestra parte tomaremos las medidas legales conducentes”.

 

 

 

Recibo un notable libro de Fernando Zertuche Muñoz, Jaime Torres Bodet, realidad y destino; es una biografía de Torres Bodet muy detallada y ubicada en su contexto preciso. Quizá sea, además, un ensayo de la época.

 

Pero dentro de todos los datos y elementos notables en esa obra, quiero destacar, a la luz de las circunstancias conocidas, estas palabras del sucesor de don Jaime, el maestro Alonso Lujambio, secretario de Educación Pública.

 

“Un sueño es posible si quien lo concibe busca forjarlo a cabalidad. Me refiero al sueño como aspiración o como inspiración, como voluntad creadora. De alguna manera somos lo que hemos sido, pero también lo que soñamos, lo que queremos ser. Hay quienes han soñado en grande, quienes han dedicado su vida entera a la construcción de un ideal compartido, de un mundo que no existe pero que es posible”.