Atrapada una de sus diputadas estelares haciendo negocios privados con las reformas constitucionales en telecomunicaciones y casi derrotado en su demanda de consulta popular, el PRD ha desatado una persecución política contra legisladores que han trabajado en televisoras.

 

 

Sin embargo, el presidente corporativo del PRD, Jesús Zambrano, se ha ido enredando en su propia tela de araña no sólo en sus intentos por obstruir las leyes secundarias sino también por distraer la atención ahora centrada en la diputada perredista Purificación Carpinteyro.

 
La petición formal de Zambrano para que se excusen legisladores que han trabajado en la televisión privada es una maniobra fallida y tramposa de Zambrano porque el caso de Carpinteyro es el de una diputada perredista que aprobó reformas y ha comenzado a realizar negocios privados con esas reformas y hasta ahora con el aval del partido.

 
En cambio, los diputados de la llamada telebancada votaron las mismas reformas que el PRD pero no se han visto haciendo negocios privados con ellas. De ahí la característica insidiosa de la petición de Zambrano distrayendo la atención en la telebancada para no castigar a su diputada empresaria.

 
Por tanto, el problema con las leyes secundarias radica no en la existencia de una telebancada sino en el hecho de que puede haber legisladores -como la diputada Carpinteyro- que han aprobado leyes para aprovecharse personalmente de ellas con negocios privados.

 
El PRD ha cometido errores garrafales. En el 2006 diputados del PRD votaron a favor de la ley Televisa y varios de ellos sin pertenecer a la telebancada de entonces, pero -como se supo después- influidos por lobistas de la televisora privada. Esa ley luego fue echada abajo a través de una controversia constitucional en la Corte Suprema, no sin antes exhibir el voto perredista a favor de la televisión comercial.

 
El problema del PRD radica en el hecho de que varios perredistas votaron el año pasado a favor de la reforma constitucional en telecomunicaciones y ahora parecen haberse arrepentido a posteriori en la negociación de las leyes secundarias, cuando el tema de la preponderancia por servicio se va a resolver en función de la reforma constitucional de diciembre pasado.

 
Lo que debería aclarar Zambrano es el hecho de que hubo votos perredistas a favor de la reforma constitucional en telecomunicaciones en sentido igual en que votó la llamada telebancada pero hoy, atrapado el PRD apoyando a una diputada que legisla para sus intereses privados, el dirigente perredista quiere legisladores fuera de la votación de las secundarias en telecomunicaciones.

 
Sin aplicar su sentido ético radical, el PRD entonces tendría primero que excusar de la bancada perredista a la diputada Carpinteyro no sólo por hacer negocios privados con leyes aprobadas con el voto perredista, sino por la sospecha -categoría que quiere aplicar Zambrano aunque sin usar el término- de que Carpinteyro pudiera haber realizado otros negocios privados con otras leyes aprobadas por su voto.

 
La ética perredista se conforma sólo con extender sanciones por sospecha contra otros legisladores, cuando internamente debió de haber llamado a cuentas a la diputada Carpinteyro, revisar sus otros votos y examinar su declaración patrimonial para saber si hubo beneficio personal en algunos otros de sus votos. Y el PRD tendría que determinar si su legisladora cometió el delito de tráfico de influencias o si violó las reglas del conflicto de intereses.

 
Al final, Zambrano y el PRD sólo quieren cubrir de impunidad a su diputada Carpinteyro culpando a los demás de delitos inexistentes o no probados y al grito de “¡Al ladrón, al ladrón!”