El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) podría ejercer acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma en telecomunicaciones, específicamente, de los artículos que permiten la entrega de datos personales, localización de teléfonos móviles en tiempo real y almacenamiento de comunicaciones privadas.
De acuerdo con información proporcionada por el IFAI a 24 HORAS, los siete comisionados del instituto, en conjunto con la Dirección Jurídica, analizan si el contenido de la aprobada Ley Federal de Telecomunicaciones viola la privacidad de los usuarios.
De encontrar que la reforma en Telecomunicaciones, y sus artículos que obligan a las empresas a entregar información a las autoridades como localización, llamadas y mensajes, van en contra de la Ley de Protección de Datos en Posesión de Particulares, podrían ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a buscar la invalidación de dichos artículos.
El IFAI, tras los cambios constitucionales en transparencia, fue elevado a órgano autónomo, por lo que por sí solo puede solicitar ante la SCJN la acción de inconstitucionalidad.
En un comunicado, el instituto manifiesta, también, que analizan “si la recién aprobada Ley Federal de Telecomunicaciones genera las mismas circunstancias de incertidumbre ante la falta de un respaldo judicial y la posible invasión del ámbito de privacidad”.
Además, estudiarán los “límites que deben tener, por un lado, el derecho fundamental a la protección de datos personales y, por el otro, las autoridades que pueden vulnerar esa esfera individual de las personas y que en próximos días emitirán su postura institucional”.
Los alcances
En la víspera, las Cámaras de Diputados y senadores aprobaron la Ley Federal de Telecomunicaciones que en sus artículos 189 y 190 obliga a las empresas concesionarias a contar con un departamento especial, disponible las 24 horas, para entregar de forma inmediata los datos requeridos.
El artículo 190, en su apartado IV, señala que las empresas deberán contar “con una área responsable, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, para atender los requerimientos de información, localización geográfica e intervención de comunicaciones privadas”.
La ley ordena que las empresas deberán poner a disposición de las autoridades datos personales, como el nombre, domicilio, razón social y posición geográfica del suscriptor y, además, resguardarán por un año las comunicaciones de llamadas, buzón de voz y mensajería multimedia, para su entrega en tiempo real y sin mandato judicial.
Y por otro año, los datos personales de los usuarios serán conservados en los archivos de las empresas para su entrega en un plazo de 48 horas a las autoridades que lo soliciten.