La criminalización de la protesta social en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, no fue sólo un ejercicio de la autoridad sino que se convirtió en un ejercicio típico de la represión policiaca por razones políticas. De ahí la posibilidad de que en las próximas horas haya bajas en el gobierno de Rafael Moreno Valle para atemperar la crisis política.
El asunto se ha complicado y enredado por la cadena de explicaciones y justificaciones del gobierno PAN-PRD de Moreno Valle. Su origen está en la “Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso de la fuerza por parte de elementos de las instituciones policiacas del Estado de Puebla”, conocida popularmente como #LeyBala.
El seguimiento fotográfico y la reconstrucción del conflicto en Chalchihuapan que ha hecho el periódico estatal Cambio revela por sí mismo la parte central de la violencia: la policía no protegió los derechos humanos ni reguló el uso de la fuerza; por el contrario, se trató de un caso de represión de la protesta social.
De acuerdo con la declaración del secretario de Gobierno Luis Maldonado, la #LeyBala se basó en el “Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” de la ONU, aprobada el 17 de diciembre de 1979. Pero ese código señala en su artículo 2: “en el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de cumplir la ley y respetarán y protegerán la dignidad humana y defenderán los derechos humanos de todas las personas”. Y la policía poblana simplemente reprimió.
En la crisis en San Bernardino, unas 200 personas cerraron la carretera a la una de la tarde, a la 1:15 horas llegaron 800 policías y no hubo negociación -como establecen los protocolos- sino que comenzaron a agredir a la gente con gas y balas de goma y se inició el arresto de ciudadanos. Tampoco hubo negociadores de la Secretaría de Gobierno. Y los pobladores respondieron con violencia a la policía hasta casi las tres de la tarde y provocaron bajas de uniformados.
El problema surgió por la decisión del gobierno estatal de aplicar una ley aprobaba en noviembre y que entró en vigor en marzo, para quitarles a las juntas auxiliares el manejo del registro civil; la población de San Bernardino se organizó para protestar y cerró la autopista a Atlixco el miércoles 9 de julio. La policía respondió aplicando la doctrina de los toletes, los gases y las balas de goma.
Lo peor fue que la policía realizó maniobras equivocadas y muchos elementos quedaron atrapados en un puente, con gentes del pueblo ocupando las dos salidas. Los policías respondieron de nueva cuenta con gas pero los vapores también los afectaron a ellos. Las fotografías son dramáticas porque presentan a policías huyendo, descolgándose por el puente en medio de una nube de gas. A las 5:15 horas el jefe policiaco Facundo Rosas ordenó el repliegue de la policía dejando a dos elementos como rehenes de los pobladores. Hasta las dos de la mañana hubo un acuerdo para liberar a los policías retenidos por la población.
El mensaje de la crisis en Chalchihuapan es político y social y revela la decisión del gobierno estatal -gobernador del PAN y secretario de gobierno del PRD- de usar a la policía ante la protesta social y no la política. Y el problema se potenció por las intenciones del gobernador Moreno Valle de competir por la candidatura presidencial panista y de alianza con el PRD para el 2018.
De ahí los ajustes que se preparan para controlar daños. Pero la gravedad del problema es mayor que la posible renuncia del jefe policiaco. El gobernador Moreno Valle no podría llegar a la candidatura con la marca de la represión.