Sus 82 años de edad, y la falta de evidencia contundente que la incrimine, salvaron a Rosa del Carmen Verduzco de ir a prisión por los presuntos abusos que bajo su administración se cometieron en contra de menores de edad, en el albergue La Gran Familia, ubicado en Zamora, Michoacán.
El sábado pasado, cuatro días después de que la Procuraduría General de la República (PGR) la presentó públicamente con nombre completo y fotografía como la cabeza de un albergue en el que supuestamente se secuestraba y explotaba a niños, Verduzco quedó libre bajo reservas de ley.
Autoridades ministeriales con conocimiento de la investigación, señalaron a 24 HORAS que el Ministerio Público federal valoró que la administradora del albergue, también conocida como Mama Rosa o La Jefa, no tenía control suficiente sobre lo que sucedía en La Gran Familia, debido a su edad avanzada y consecuente deterioro de salud.
“No se ha procedido contra ella tras valorarse su condición física y mental, pero las investigaciones están en curso. No se ha establecido que sea inocente o culpable, está lejos de ser un caso cerrado”, dijo un funcionario consultado por este diario.
Desde el jueves de la semana pasada, el procurador Jesús Murillo Karam adelantó en una entrevista televisiva que se tomaría en cuenta la edad de la señora para ver si se trataba de un “descuido” o existían responsabilidades.
A lo anterior se añade que en los tres días posteriores a la intervención en el albergue no se reunieron las pruebas suficientes que permitieran, de momento, consignar al menos un expediente en contra de Mamá Rosa, indicaron funcionarios ministeriales.
En los testimonios que la PGR presentó de algunas de las víctimas rescatadas, se narran abusos sexuales y maltratos, pero en todos ellos se responsabiliza a empleados de La Gran Familia y no hay una acusación directa en contra de Verduzco.
El viernes pasado, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Rodrigo Archundia, viajó a Michoacán para recabar directamente la declaración ministerial de Verduzco, la cual quedó asentada en la averiguación previa a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos.
Como había adelantado este diario, en una primera declaración Verduzco negó conocer de cualquier tipo de abuso en su albergue, el cual se dedica desde hace décadas al cuidado de menores en condición vulnerable, subrayó.
Acusaciones en el aire
El pasado 15 de julio, al presentar los resultados del cateo al albergue, el jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomas Zerón, dijo que el operativo era el resultado de “al menos 50 denuncias en contra de los administradores de esa casa hogar, principalmente de la señora Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, por privación ilegal de la libertad”.
Se indicó que existían “abusos físicos y psicológicos hacia los menores de parte de Rosa del Carmen (…) y de algunos empleados”. Se informó del testimonio de una joven de 18 años que dijo directamente que Mamá Rosa le impidió irse cuando llegó a la mayoría de edad, la retuvo 13 años más y le pidió dinero para dejarla ir.
Por su parte, el subprocurador Archundia dijo que se había localizado en el albergue a cinco menores de edad que de acuerdo con el mismo número de denuncias, estaban privadas de su libertad en el albergue controlado por Verduzco.
Los funcionarios de la PGR también señalaron que los menores eran obligados a pedir limosna, siempre bajo conocimiento de “Verduzco y empleados del lugar”.
Pero en días posteriores a esos señalamientos la PGR no pudo consignar algún delito en contra de Mamá Rosa, aunque en la dependencia insistieron que las averiguaciones siguen abiertas.
Recaba juez declaraciones
Desde ayer un juez federal en Nayarit recaba las declaraciones de seis trabajadores del albergue La Gran Familia que fueron consignados por la PGR, acusados de haber participado en los múltiples abusos y explotación cometida en contra de menores internados.
A más tardar el martes el juez responsable definirá si existen elementos de prueba o no para someter a juicio a los empleados, identificados como Felipe Serrano, Enrique Hernández, Lourdes Verduzco, David Verduzco, Miguel Ángel Ibarra Valencia y Vicente Félix Mayorga.
Algunas de las acusaciones más graves son en contra de Hernández, apodado El Cito, quien supuestamente abusó sexualmente de varios niños.
En la PGR sostienen que los empleados fueron acusados pro SEIDO de delitos federales considerados graves, pero oficialmente no han precisado cuáles son.