La reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión modificó un total de 31 artículos constitucional y realizó cambios a 28 instituciones, impactando el ámbito federal como estatal, señaló la experta Cecilia Licona Bite.

 

“Es el proceso constitucional de más impacto y con mayor logro, tomando en cuenta que la Constitución Política se ha modificado un total de 220 veces”, sostuvo la directora de Estudios de Constitucionalidad del Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria.

 

Al participar en la conferencia “La reforma constitucional en materia político electoral”, destacó que entre los principales cambios se encuentra la reelección de diputados hasta por cuatro periodos consecutivos y de senadores hasta por dos periodos, a partir de las elecciones de 2018.

 

Los legisladores integrantes de la legislatura actual no podrán participar en ese proceso. “La reforma electoral tiene como propósito fortalecer el sistema de elección mexicano”.

 

La creación del Instituto Nacional Electoral en sustitución del IFE, que cuenta con un Órgano Superior de Dirección, integrado por un consejero presidente y 10 consejeros electorales, quienes durarán diferentes periodos de gestión, y no podrán ser reelectos y pueden ser sujetos de juicio político.

 

“Establecerá los topes máximos de gasto de campaña y precampaña, tanto en los procesos federales, como locales; es el encargado de la capacitación y geografía electoral, del padrón, lista de electores, ubicación de casillas y designación de funcionarios”, explicó.

 

El INE también tiene a su cargo la verificación del requisito del dos por ciento de firmas del total de la población, equivalente en la actualidad a un millón 700 mil ciudadanos para solicitar la realización de consulta popular.

 

Respecto a los cambios que incumben a partidos políticos, expuso que entre los más notorios está el que precisa que para poder conservar el registro, cada partido deberá recibir por lo menos el tres por ciento de la votación válida, ya que de lo contrario lo perderá.

 

“Quienes pidan su registro como partido político deberán ser responsables en materia de transparencia, dar acceso a toda persona a su información interna y tendrán que proteger los datos personales de sus militantes”.

 

Otros puntos de relevancia, son aquellos dirigidos a garantizar la paridad y la equidad de género, así como la fiscalización y el rebase de topes de campaña.

 

“Habrá nulidad de la elección por comprar cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la Ley”.

 

Precisó que en la propaganda deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas; el INE estará facultado para la suspensión inmediata de estos mensajes.

 

“En total, se establecen 64 conductas delictivas en materia electoral que abarcan diferentes ámbitos y van dirigidas tanto a autoridades electorales, servidores públicos, e incluso ministros de culto”, concluyó.