Desde el viernes pasado se ha desatado un verdadero vendaval de información y de opiniones respecto de las escalofriantes cifras que han alcanzado los compromisos financieros tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad, derivados de los contratos laborales que ambas empresas públicas tienen con sus trabajadores. A estas obligaciones financieras se les llama técnicamente, “pasivos laborales”.
La suma de estos pasivos de Pemex y de CFE al 30 de junio pasado alcanzó 1.7 billones de pesos, unos 130 mil millones de dólares, aunque hay que decir que la cifra -que se calcula en 12% del PIB- se sigue incrementando todos los días.
La noticia creció cuando en comisiones de la Cámara de Diputados, legisladores del PRI plantearon la propuesta de que parte de esa deuda laboral sea asumida explícitamente por el gobierno mexicano como deuda pública federal, propuesta que tuvo el respaldo del secretario Luis Videgaray, señalando que es “una buena idea para Pemex y para México”. Todo ello bajo el argumento de que a Pemex (y a CFE) le urge quitarse ese fardo de deuda contingente de encima para que pueda competir una vez que se abra el mercado local a la inversión privada petrolera.
En esta discusión vale la pena precisar algunas cuestiones al respecto de lo ya dicho:
Primero.- Efectivamente para Pemex será imposible colocar valores en los mercados financieros del mundo si no “limpia” su balance comenzando por los pasivos laborales. Esa fue una de las razones por las que nunca pudo colocar los “bonos ciudadanos” aprobados en la reforma de 2008. Así que con un mercado abierto y con competencia, los inversionistas y las calificadoras valorarán el balance de la empresa y su potencial; así que reestructurar los pasivos laborales es una condición necesaria para que la empresa se financie en los mercados internacionales.
Segundo.- El “rescate” parcial o total de los pasivos laborales por parte del gobierno federal no termina con el problema que tiene la empresa de una pesada carga financiera laboral que lastra su posición competitiva frente al mercado. En los próximos 10 años se jubilarán alrededor de 20 mil trabajadores petroleros bajo las mismas condiciones onerosas de ahora, si no se modifica sustancialmente el contrato colectivo de trabajo; cuestión que -por lo dicho por el presidente Peña Nieto- no ocurrirá. A ello hay que agregar la abultada nómina de más de 230 mil trabajadores, en activo y jubilados, que dependen de las finanzas de la petrolera.
Tercero.- Hay que preguntarse cuánto vale Pemex en el mercado para hacer un análisis costo-beneficio de las decisiones que se están tomando. Hace un par de años el entonces director general de la empresa, Juan José Suárez Coppel, dijo que un Pemex “limpio” en su balance y capitalizado para enfrentar el problema de los pasivos laborales, tendría un valor de mercado de entre 120 y 150 mil millones de dólares; es decir, sería tres veces menor que uno de sus grandes competidores, la petrolera Exxon.
Ese sería el tamaño de mercado del “nuevo Pemex” después de enfrentar un proceso de saneamiento financiero que quizá nos cueste unos 100 mil millones de dólares.
Cuarto.- El rescate de los pasivos laborales en Pemex es un asunto -principalmente- de transparencia para la “madre” de las reformas de Peña Nieto. La decisión de transferir los pasivos laborales de Pemex y CFE a la deuda pública federal debe ser un proceso transparente y con una exhaustiva rendición de cuentas que aleje las sombras de impunidad que tuvo el rescate bancario de 1997 y de tantos otros “rescates” a cargo de los contribuyentes y que sólo ha zanjado la relación entre ciudadanos y la clase política.