En la recta final de la aprobación de la reforma energética en el Congreso de la Unión, el gobierno federal alista su iniciativa de reforma al campo, que cerrará el paquete de modificaciones constitucionales de este año.
La propuesta no es nueva. Durante junio y julio, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) organizó foros en todos los estados del país para recoger las propuestas directas de los trabajadores del campo para una transformación completa.
Luego de estas reuniones, que acopiaron más de 10 mil propuestas de campesinos para la transformación del agro, la Sagarpa presentó un avance sustancial de lo que podría ser la iniciativa.
El borrador, publicado hace algunos días y titulado Acuerdo Marco para la Reforma al Campo, plantea como principal tema los ajustes de aportaciones a programas, como el Proagro, además de crear bancos regionales especializados privados en este rubro.
Sin embargo, las organizaciones campesinas rechazaron el borrador, bajo el argumento de que sólo engloba las partes productivas y no los derechos sociales ni humanos.
Contrapropuesta campesina
En respuesta, las organizaciones campesinas fijaron el 8 de agosto como fecha fatal para la presentación de esta reforma ante el Congreso de la Unión, no sin antes poner sobre la mesa sus contrapropuestas al borrador de la reforma al campo para que sean incluidas en la iniciativa del Ejecutivo federal.
Las peticiones son miles, según el secretario general de la Central Campesina Cardenista (CCC), Max Correa. Sin embargo, resumieron todas en un documento con 11 temas estratégicos.
En entrevista con 24 HORAS, el líder campesino dijo que los rubros principales que han negociado -en reuniones privadas con el gobierno federal- son crear una nueva política agroalimentaria y nutricional, además de una reformulación del presupuesto rural, con un monto de hasta 40 mil millones de pesos de carácter multianual.
Además del capital, los campesinos plantean la creación de un Ombudsman agrario y ambiental, que sea una instancia no gubernamental que vigile los acuerdos del gobierno federal, en vísperas de la reforma energética; es decir, que esté alerta cuando se realicen las negociaciones entre empresarios y campesinos por las tierras que serán explotadas para extraer hidrocarburos o gas.
“Que sea de alguna manera una instancia no gubernamental con autonomía y próvida, para que sea una instancia a la que recurramos y esté vigilante que los acuerdos se cumplan, que tenga dientes, un Ombudsman con dientes”, dijo el dirigente.
En el documento, a manera de ruta de diálogo, las casi 50 organizaciones campesinas que lo signaron proponen la creación del Sistema Nacional de Salvaguardas Ambientales y Sociales para enfrentar el cambio climático y protección de la biodiversidad, acompañado de un programa para el impulso al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y mineros por los propios ejidos.
Además, exigen la protección de semillas nativas de maíz, y la prohibición comercial al uso de semillas transgénicas.
“Hemos ubicado esas 11 propuestas como las esenciales para que la política pública del gobierno hacía el campo se modifique sustancialmente, entonces ahí vamos a concentrar nuestra atención y digamos que no aceptaríamos menos que eso”, dijo Correa.
Amnistía para luchadores sociales
La contrapropuesta campesina va más allá de los recursos de la tierra. También habla de los derechos humanos de los campesinos, así como la petición de una Ley de Amnistía para luchadores sociales, campesinos e indígenas presos por motivos políticos y sociales.
En su punto 10, piden un reconocimiento a las actividades de las organizaciones campesinas e indígenas, como de interés público y social.
Aunque los campesinos trazaron esta ruta para el 8 de agosto, el gobierno federal se daría más tiempo para presentar la iniciativa en el Congreso de la Unión, para su análisis y votación.