La consignación por “encubrimiento” que hizo ayer la PGR en contra de Rodrigo Vallejo, hijo del gobernador con licencia de Michoacán, Fausto Vallejo, confirma lo blanda que puede ser la justicia cuando se trata de proteger intereses o acuerdos políticos. Porque aunque digan que van a revisar si se le pueden fincar otros delitos, el hecho es que la procuraduría a cargo de Jesús Murillo Karam parece ignorar la gravedad de lo que se ve en el video que conocieron todos los mexicanos y, con su forma de proceder, apunta otra vez hacia el eterno mal de la procuración de justicia en México: la aplicación política de la ley.
La consignación de Vallejo se da, según el comunicado de la PGR, porque “se negó a responder a las preguntas de la representación social” sobre sus encuentros con el líder del Cártel michoacano del narcotráfico Los Caballeros Templarios. Es decir, que toda la gravedad y el cinismo en la conducta ilegal del hijo de un gobernador que no sólo se reúne, sino que acuerda, informa y planea con un dirigente criminal cómo apoyarlo para que “los dejen trabajar”, no fueron suficientes para la procuraduría que decide pedir la consignación por un simple “encubrimiento”.
Lo de Rodrigo Vallejo -está claro hoy para todos y lo estuvo para la PGR desde hace más de un mes que conocieron y analizaron ese y otros videos- no es un simple “encubrimiento”; es una total y burda “complicidad” con un criminal como Servando Gómez La Tuta, por no decir que es también colaboración y participación en las actividades del narcotraficante que puso de rodillas a los gobiernos y Estado mexicano en Michoacán y que infligió tanto miedo, dolor y muerte a tantas familias de michoacanos.
Cuando Vallejo hijo se sienta con La Tuta en esa y quién sabe cuántas ocasiones más, se está sentando sobre los cadáveres acribillados y torturados de miles de michoacanos. Cuando le da esos sorbos a la cerveza que le invita su amigo Servando, está brindando por los miles de secuestros, extorsiones y violaciones que padecieron por años los hombres y mujeres de su estado. Y cuando se ríe y festeja las bromas del Templario mayor, en realidad se está burlando del Estado de Derecho y celebrando la impunidad del poder político que mezclado con el crimen organizado ha llevado a México por el camino de un estado fallido y un narcoestado.
Así de grave es el hecho que la PGR considera, hasta ahora, un simple “encubrimiento”, y aún si sólo ese fuera el delito de Rodrigo Vallejo, sería un encubrimiento mucho más grave por tratarse del hijo del gobernador de Michoacán, el mismo que juró, al tomar posesión del cargo, “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes” y velar por la seguridad y la tranquilidad de los michoacanos, mientras su primogénito se reunía a pactar y a colaborar con los delincuentes que asolaban a esos mismos michoacanos.
Veremos si la PGR de Murillo Karam realmente va a aplicar la ley en serio en contra de Rodrigo Vallejo o si, como ya empieza a ser una constante en este sexenio, la procuración de justicia quedará supeditada a los intereses políticos y económicos, y vemos, en este caso, a una procuraduría muy suave, casi omisa de tan suave, por tratarse del hijo de un gobernador.
NOTAS INDISCRETAS… Justo cuando el gobierno mexicano afirma que no permitirá más que se violen los derechos humanos de los migrantes centroamericanos y busca “sellar” la frontera sur, la denuncia de Rosa, una mujer hondureña, que acusó extorsiones y abusos en la estación migratoria de Acayucan, Veracruz, por parte de los agentes del Instituto Nacional de Migración, pone el dedo en la llaga de lo que no ha querido reconocer hasta ahora, en su diagnóstico, la Secretaría de Gobernación.
Porque hasta ahora el secretario Miguel Osorio ha hablado de los abusos, secuestros y violaciones del crimen organizado hacia los migrantes indocumentados que cruzan México, pero nunca ha mencionado que dentro de esa red de abusos están también los agentes del INM y las policías estatales y municipales que violentan y roban a los centroamericanos. Y para prueba, a la hondureña Rosa hacer esa denuncia le costó una deportación inmediata y agresiones y maltratos por parte de los agentes migratorios mexicanos que la llevaron de regreso a su país.
“El trato que brindan los agentes de migración a los centroamericanos es injusto. Nuestro propósito era quedarnos en México, tenemos familia en Estados Unidos pero mi esposo tenía miedo de cruzar la frontera con Estados Unidos porque señaló que un pariente fue asesinado por la policía fronteriza de ese país. Pero el trato que recibimos en México creo que fue peor al que dan en Estados Unidos, mi familia de Estados Unidos y de Honduras estaban asustadas porque estuvimos detenidas en la estación migratoria donde sufrimos amenazas, maltrato y hasta intentos de abuso sexual”, señaló la mujer que permaneció seis meses recluida en la estación migratoria de Veracruz. ¿Y alguien sabe qué está haciendo el “zar” de la Frontera Sur, Humberto Mayans, que fue presentado ya hace casi un mes, sin que hasta el momento se le haya visto actuar en esa caótica frontera? Los dados abren con Escalera. La semana promete.