La Procuraduría General de la República logró, después de 10 años, que la Interpol publicara la ficha roja de localización y captura contra Napoleón Gómez Urrutia, líder minero acusado del desvío de 55 millones de dólares; sin embargo aún falta que el gobierno canadiense autorice la orden.

 

Luego que ayer 24 HORAS publicara que las autoridades mexicanas no habían logrado un recurso sólido para la extradición de Gómez Urrutia, como quedó expresado en un juicio de amparo, Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora de Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR informó que apenas ayer les fue concedida la ficha roja.

 

Sin embargo, reconoció que mientras el Juez de la Corte en Canadá no se pronuncie con respecto a la solicitud de extradición, aunque el ex líder minero este localizable, no pueden ingresar a dicho país para detenerlo

 

“Nosotros no podemos, nuestra fuerza pública por ejemplo, pues no puede ingresar a un país extranjero a detener a alguien, entonces tiene que seguirse un proceso en términos de los tratados internacionales que tenemos suscritos, en este caso con Canadá, y tenemos que esperar hasta que un Juez en Canadá nos libre esta orden de detención provisional y entonces es cuando se pueda detener en Canadá al señor Napoleón Gómez Urrutia” explicó en entrevista con Radiofórmula.

 

La funcionaria detalló que después de varias gestiones para solicitar la ficha roja, fue ayer que la Interpol (International Criminal Police Organization/ Organización Internacional de Policía Criminal), accedió a otorgar el documento, con lo cual se podría establecer que ahora Gómez Urrutia es prófugo de la justicia.

 

“Pues en realidad sí (es considerado prófugo), porque tendremos… digamos, él sabe que lo estamos buscando, él por su voluntad no se ha presentado ante las autoridades a enfrentar su proceso, entonces, bueno, tiene una calidad migratoria que le permite estar legalmente en Canadá, pero, y eso es lo que nos ha impedido poder traerlo a México, ¿no? Pero voluntariamente, pues él no se ha presentado a ofrecer alguna declaración”, dijo la funcionaria en entrevista radiofónica.

 

Reconoció que en meses anteriores la Interpol les notificó que no podría entregar la ficha porque se trataba de un asunto meramente político, pero apelaron dicha determinación, y se presentaron los argumentos legales para considerar que debería ser buscado en los 190 países en los que tiene presencia dicho organismo.

 

Por ello, no se trataba de una nueva petición de ficha roja sino la misma que se les había negado en el mes de febrero del año en curso.

 

“Inicialmente ante una solicitud que se ingresa por parte de nosotros cuando obtuvimos una orden de aprehensión…, se nos presentó una negativa argumentando lo que he referido (un asunto meramente político) , y entonces tuvimos que presentar una especie como de apelación ante lo que le llaman ‘la Comisión de Ficheros”, pero, bueno, eso es un órgano representativo también en Interpol con sede en Lyon.

 

“Fuimos allá, presentamos los argumentos, les demostramos que, bueno, es una causa penal abierta, que no tiene otro fin sino que se someta a la justicia y, bueno, será un Juez el que determine si se encuentra responsable penalmente o no al señor”, explicó la funcionaria.

 

Cabe recordar que la Procuraduría General de la República solicitó a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores la extradición de Napoleón Gómez Urrutia, refugiado en Canadá.

 

Como parte de la sentencia sobre el amparo 472/ 2014 se lee en los informes justificados presentados por la Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio el reconocimiento de que no hay una nueva petición de ficha roja a Interpol.

 

Ahora queda preciso que se trataba de la misma petición que les negó el mes de febrero, y que les fue concedida en la víspera.

 

Sin embargo, hay una petición formal a través de la SRE para que se busque, localice y se detenga a Gómez Urrutia para extraditarlo a México, como parte de la orden de aprehensión en su contra por el delito de desvío de recursos por 55 millones de dólares

 

En su momento, el abogado del inculpado, Marco Antonio del Toro, confirmó la solicitud, misma que no ha sido concedida por el Gobierno de Canadá, pues se trata de los mismos argumentos legales, e inclusive el mismo formato, que ha venido presentando la PGR en sus peticiones desde el 2004.