La Comisión de Derechos Humanos del Senado analiza modificar la estructura interna del Instituto Nacional de Migración (INM) en su marco normativo, informó la presidenta de la instancia legislativa, Angélica de la Peña Gómez.

 

La legisladora consideró que el INM requiere de manera urgente una transformación radical para atender a los migrantes, sobre todo a los menores no acompañados que pasan por la frontera mexicana con destino a Estado Unidos.

 

Es necesario actualizar, crear políticas públicas y gubernamentales que atiendan de manera profunda, y no sólo coyuntural, la crisis humanitaria, pues es una situación presente en la frontera norte y sur del país, aseveró la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

 

La perredista atestiguó la presentación del diagnóstico que elaboró el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) sobre el INM, en el que se explica la forma en la que funcionan las autoridades para enfrentar el problema, y detalla las funciones del órgano gubernamental.

 

La presidenta del Insyde, Sonja Wolf, expuso que el diagnóstico explica la situación de actos de corrupción y violaciones a derechos humanos que se dan de manera recurrente, así como las prácticas formales e informales al interior del Instituto Nacional de Migración.

 

El estudio, agregó, advierte una necesidad urgente de reestructuración del instituto; es decir, un cambio profundo y no sólo depuraciones, además de que señala anomalías.

 

Entre estas últimas, mencionó la falta de información sobre procesos de una errática comunicación telefónica, intentos de desincentivar amparos, denuncias y solicitudes de asilo o refugio.

 

La investigadora dijo que en la revisión del INM fueron detectadas deficiencias en la atención médica, protección a personas en situación de vulnerabilidad, maltrato verbal y físico.

 

Además, en algunos de los centros se dan actividades ilícitas. El acceso de las organizaciones no gubernamentales a las estaciones migratorias es limitado por ser instancias de seguridad nacional, indicó.

 

El diagnóstico presentado por la presidenta de la organización mexicana establece la falta de un sistema formal de supervisión que permitiría que el INM se enterara de las acciones u omisiones del personal.

 

Asimismo, de irregularidades en el trato hacia los migrantes extranjeros, manejo de fondos, posible colusión del tráfico de migrantes, falta de sanciones efectivas por prácticas indebidas.

 

Además, el análisis considera necesario crear una instancia ciudadana de vigilancia externa para fortalecer la rendición de cuentas del instituto, ampliar el acceso a la información, incrementar la transparencia de su operación y constitución.