Mucho se habla de nuevas inversiones privadas en este tiempo de reformas emprendidas por el gobierno, como demostración del apoyo político y mediático de los capitales privados a los objetivos de la estirpe gobernante.
Bajo la premisa de “quedar bien” con el gobierno en turno, los grandes empresarios del país desfilan por la casa presidencial dando cuenta de números alegres sobre la inversión que tienen planeado realizar en los próximos meses o años en el país.
Compromiso cierto o no, el hecho es que el ritual de los empresarios frente al poder político da para portadas de periódicos o titulares de noticieros en radio y televisión. Finalmente para casi ningún medio de prensa local -o para ninguno- será relevante verificar la validez y el detalle pormenorizado de estos rimbombantes anuncios que, en todo caso, ya cumplieron su propósito mediático.
Eso ocurrió el pasado viernes 11 de julio cuando los integrantes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que encabeza el empresario Claudio X. González, visitaron al presidente Enrique Peña Nieto en la casa presidencial de Los Pinos para anunciar que las empresas que representan invertirán 27 mil 450 millones de dólares en este año.
Aquel viejo rito empresarial se repitió, como ocurre casi cada año desde hace décadas, por igual con gobiernos priistas que panistas. Como una ofrenda testimonial al presidente en turno, los grandes empresarios mexicanos suman alegremente sus inversiones ya planeadas con anterioridad, para presentarse ante el mandatario como si correspondieran con un esfuerzo nacionalista extraordinario.
Se trata de apoyar públicamente al presidente “en demostración de confianza en el rumbo económico del país”, reza la frase retórica del discurso del empresario ponente en turno; aunque la comidilla sobre los desacuerdos que mantienen con el gobierno pulula en sus oficinas privadas.
En este año aún no sabemos a qué proyectos, con qué fechas, y a qué empresas y empresarios corresponden esos 27 mil 450 millones de dólares de inversiones anunciadas en Los Pinos. En realidad nadie sabe cuántas de estas inversiones anunciadas el 11 de julio pasado fueron producto de una renovada confianza empresarial en las reformas emprendidas por el gobierno de Peña Nieto, ni cuántas de éstas inversiones en realidad se hubieran realizado de todos modos, por la misma necesidad de los negocios en marcha, independientemente de las multicitadas reformas.
Pero eso, al parecer, no importa. No en el seno del Consejo Coordinador Empresarial y menos aún en el exclusivo club del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la élite política de los grandes empresarios del país.
Por cierto -y vale un apunte- el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios cambió su nombre a Consejo Mexicano de Negocios por razones de inclusión de género ahora que Blanca Treviño, la propietaria de Softek, también forma parte de este exclusivo grupo. Una explicación desmemoriada por parte de los empresarios porque ya a principios de los años noventa la empresaria Sandra López Benavides, quien era accionista de Bancomer y presidenta de Calzado Canadá, la mayor empresa del ramo en América Latina, formó parte del entonces Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.
El rito empresarial sexenal de ofrecer una cifra de inversiones -en todo caso una cifra muy cuestionable- al presidente en turno como muestra de “confianza” y de “apoyo” a su gobierno, es una señal más de la predominancia de las viejas formas basadas en una relación estructural que Acemoglu y Robinson (autores de ¿Por qué fracasan los países?) describen como instituciones económicas extractivas que acompañan de “forma natural” a las instituciones políticas extractivas. Es decir, una relación cercana y conveniente basada en la extracción de rentas -políticas y económicas- por parte de las élites.
Así que, junto a la exigencia de renovación y transparencia en el diseño, ejercicio y rendición de cuentas de las políticas del sector público, también es imperativo que las élites empresariales y sus organizaciones asuman su propio proceso de transformación hacia organizaciones mucho más inclusivas, democráticas y profesionales. Una tarea olvidada.
SÍGALE LA PISTA…
La Secretaría General de la Cámara de Diputados ha respondido que el documento presentado por el diputado Ricardo Monreal, del Movimiento Ciudadano, sobre un pretendido reparto de 500 millones de pesos a los legisladores en 2015 por concepto de “bonos de desempeño”, carece de validez por tratarse sólo de un documento de trabajo. Ya veremos. En todo caso, y por la razón que sea, el diputado Monreal ya alertó sobre una práctica de abuso en el uso de los recursos públicos, que no es novedosa en México.