La dirigencia del SNTE guardó silencio tras la detención de Mirna García López, ex líder de la Sección 15 hidalguense, a quien se le imputa un desvío de casi 124 millones de pesos de las arcas del sindicato. Fue el propio Comité Ejecutivo Nacional el que presentó la denuncia. Tras la aprehensión de quien fuera una cercana colaboradora de Elba Esther Gordillo, el SNTE negó que se hayan detectado casos similares en otras secciones. Aunque ayer no hubo un pronunciamiento oficial del sindicato, hoy su líder Juan Díaz de la Torre podría hacerlo en Tlaxcala.
A la diputada federal por el PRD, Aleida Alavez, se le ha visto reunirse en privado con el presidente de su partido, Jesús Zambrano. Desde los pasillos de la sede perredista se escucha que la capitalina quiere la presidencia de la Cámara de Diputados a partir del 1 de septiembre, y no como reemplazo de Silvano Aureoles cuando éste se vaya a la campaña por Michoacán. Alavez le ha hecho saber a Zambrano que puede con el paquete para ser la segunda mujer de izquierda en presidir el órgano de dirección parlamentaria y que incluso es mejor que Ruth Zavaleta. ¿Será?
Senadores de oposición, como el perredista Raúl Morón y la panista Luisa María Calderón, presionan la remoción de Alfredo Castillo Cervantes como comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, ante lo que aseguran es una clara falta de resultado. El comisionado se lo toma con bastante calma y ayer se le vio en la capital del país, en el restaurante The Capital Grille, disfrutando de buena comida y buena compañía. El abogado asegura que no tiene intenciones de dejar el cargo mientras el presidente Peña Nieto no lo decida así.
En todo el país hay expectativa entre padres de familia y académicos por el regreso a clases y cómo se aplicará de forma concreta la reforma educativa. A Consuelo Mendoza García, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), le preocupa en particular la forma de medir adecuadamente la calidad de la educación. Ni que hablar de la incertidumbre en estados como Michoacán y Oaxaca, donde la CNTE ha impuesto su ley a fuerza de actos vandálicos y marchas y aún está por verse si se aplica la reforma educativa.