OAXACA, Oax. En el 2006 el ex priista y entonces senador opositor Gabino Cué Monteagudo se convirtió en el líder de todos los oaxaqueños en contra del PRI y del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. En el 2010, con el apoyo de la sociedad, de la Sección 22 de maestros y de la alianza PAN-PRD, conquistó la gubernatura.
A cuatro años de distancia, Cué no sólo fracturó su alianza sino que llevó ya a la sociedad oaxaqueña a la polarización: en el pasado fin de semana, diversos sectores marcharon en la ciudad contra el gobernador y contra su protegida Sección 22 de maestros. Y lo más grave fue que la semana pasada el gobernador envió al congreso local una ley educativa que le cede a la 22 el control total de la educación convirtiendo a esa sección magisterial en un poder fáctico.
La aprobación de la ley en el Congreso local provocaría una ruptura del pacto federal, lo que metería al gobernador Cué en otro problema bastante serio: por decisión interna, la Conferencia Nacional de Gobernadores designó al gobernador de Oaxaca como el próximo presidente del organismo. Pero la crisis en Oaxaca ha ido posponiendo el cumplimiento de la norma de funcionamiento de la Conago y extendiendo la gestión del gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano.
La toma de posesión de Cué como presidente de la Conago debería ser en Aguascalientes y ante el Presidente de la República, pero la inestabilidad política y del pacto federal por la ley que establece el separatismo educativo complica las relaciones de los ejecutivos estatales con el ejecutivo federal. Y de llegar Cué a la Conago, su relevo cuatro meses después tendría que ser en la ciudad de Oaxaca, donde el presidente Peña Nieto no ha podido viajar por las amenazas de agresión de los maestros de la Sección 22 que llevaron a Cué a la gubernatura.
El domingo miles de ciudadanos salieron a las calles de la ciudad de Oaxaca a protestar contra los desmanes de la 22; el viernes pasado, maestros que educan a los niños tomaron por asalto gasolineras, lastimaron a personas y robaron locales. Ahora mismo hay un plantón en el zócalo de la capital sin atender a las peticiones sociales de llevar sus protestas sin ocupaciones territoriales del espacio público que le pertenece a toda la ciudadanía.
El problema es de largo plazo: la violencia social y política de la 22 va a influir en las elecciones legislativas del 2015, en el relevo de gobernador en el 2016 y en las presidenciales del 2018. Si la ley educativa de la 22 tarda en el congreso local o es rechazada, las marchas y plantones se trasladarán a la Ciudad de México.
Y ahí está el otro problema: la 22 se ha negado sistemáticamente a someterse a las reglas de la democracia y quiere aprobar leyes por coerción y no acepta debates. Es una forma de comportamiento autoritario, dictatorial y evidentemente antidemocrático.
De ahí que la crisis en Oaxaca, con la ley educativa de la 22 patrocinada por el gobernador Cué, sea el punto culminante de la crisis social oaxaqueña que cada año tiene tinte magisterial desde 1979. Ya no habrá más plazos: o la ley se aprueba y Oaxaca se separa de la ley educativa federal entregándole a los maestros de la 22 la rectoría de la educación de los niños o la ley se rechaza y entonces la 22 tendrá que jugarse toda su violencia social y política para resistir y entonces no habrá otro camino que ejercer órdenes de aprehensión contra sus líderes y aplicarle a la Sección 22 la solución SME de despido de todos los maestros.
Al final, pase lo que pase, el gran perdedor será el gobernador Cué y su alianza PAN-PRD en el 2016 pagará la factura de su desastrosa gestión sometida a la voluntad autoritaria de la Sección 22, si no es que antes del 2016 se cumplen las condiciones para un relevo de emergencia en el gobierno estatal.