BERLÍN. Los ministros de Interior, Thomas de Maizière, y de Trabajo y Asuntos Sociales, Andrea Nahles, presentaron en rueda de prensa un informe y las medidas legislativas que desincentivarán la inmigración de la pobreza; destacaron su total respeto al derecho comunitario y a la libertad de circulación y establecimiento, un “pilar” de la UE, y aseguraron que su objetivo es luchar contra el fraude y los abusos.

 

 
Entre las medidas más novedosas del proyecto de ley está limitar a seis meses, “como hacen otros países europeos”, subrayó De Maizière, el permiso de residencia de los inmigrantes comunitarios que buscan empleo y prohibir temporalmente que vuelvan a entrar en el país aquellos que cometan fraude con ese permiso o con las prestaciones sociales, prácticas que serán penalizadas.
Si el inmigrante europeo no tiene expectativas de encontrar un empleo, explicó el ministro, se cancelará su permiso de residencia a los seis meses y estará “obligado” a abandonar el país.

 

Las consecuencias prácticas si no lo hace, precisó ante las dudas planteadas, será que perderá los derechos inherentes a ese permiso, como la asistencia sanitaria u otras prestaciones sociales.

 

En el documento se apuesta asimismo por endurecer las condiciones para acceder a determinadas prestaciones, como las que se cobran por los hijos a cargo, para evitar que los inmigrantes, que pueden recibir ayudas por la familia que mantienen fuera de Alemania, perciban subvenciones dobles.

 

Junto a estas medidas, que el gobierno espera que estén aprobadas a final de año, se endurecerá la lucha contra la explotación laboral, a la que están sometidos muchos inmigrantes sin papeles en el país, y se facilitará ayuda financiera a los municipios con mayores cargas, que este año recibirán 250 millones de euros.

 

El informe fue criticado por la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB) y por los Verdes, en la oposición parlamentaria, que acusaron al Gobierno de reaccionar ante un problema inexistente y de no aportar datos que demuestren que haya un fraude masivo o relevante en el país.

 

Cáritas lamentó los prejuicios que tiñen el debate sobre la denominada inmigración de la pobreza y que la clase política ofrezca una “falsa imagen” de los inmigrantes que llegan al país, en su inmensa mayoría para trabajar.

 

De los poco más de 35 mil ciudadanos rumanos y búlgaros que llegaron al país en 2004, se pasó en 2012, últimas cifras presentadas por el Gobierno, a más de 180 mil.

 

A finales de 2013 residían en Alemania 3.1 millones de ciudadanos procedentes de otros países de la UE, algo más de 414 mil originarios de Rumanía y Bulgaria, los países con más rápido crecimiento.

 

El número de españoles residentes en Alemania se situaba en diciembre de 2013 en 135,539, frente a los 108,278 que se registraban en 2004.