PARIS. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, afirmó que no piensa dimitir a su cargo tras ser colocada bajo investigación oficial por negligencia en un caso de corrupción en Francia que se remonta a sus días como ministra de Finanzas.
Después de una cuarta ronda de interrogatorios ante los magistrados, Lagarde dijo que más tarde en la jornada regresaría a su trabajo en Washington y que la decisión “no tenía fundamento”. Ella es la tercera jefa del FMI en una década en enfrentar problemas legales.
Ella y su ex jefe de personal enfrentan preguntas sobre su papel en una indemnización de 400 millones de euros (531 millones de dólares) al empresario Bernard Tapie, en 2007.
“Luego de tres años de procesos, decenas de horas de interrogatorios, la corte concluyó sobre la base de la evidencia que yo no cometí ningún delito, y que la única alegación es que no fui lo suficientemente vigilante”, dijo Lagarde en su declaración.
La defensa de Lagarde destacó que la imputación es por “negligencia” y no por “estafa en banda organizada”, como sucede con el resto de los implicados, entre ellos su jefe de gabinete de la época, Stéphane Richard, actual presidente del operador de telecomunicaciones Orange, y el propio Tapie.
Los abogados de Lagarde, que consideran la imputación “sin fundamento”, apelarán la decisión de la Corte de Justicia de la República, que la ha interrogado en cuatro ocasiones, la última ayer, cuando permaneció 15 horas testificando ante los jueces.
Hasta ahora, al término de esos interrogatorios, los magistrados no habían pasado de la barrera de “testigo asistido” atribuido a la directora del FMI. Lagarde se enfrenta ahora a una imputación por un delito penal.
El caso tapie
Los jueces le reprochan haber sido negligente en el caso de la indemnización concedida por el Estado al empresario Tapie, como compensación por la venta del grupo deportivo Adidas.
Confiscado a Tapie, ese grupo fue atribuido al banco Crédit Lyonnais, de titularidad pública, que lo vendió en 1993 al empresario Robert Louis-Dreyffus.
Tapie consideró el precio de la venta muy inferior al de mercado e inició un litigio que duró años.
Para cerrarlo, Lagarde, en su calidad de ministra de Economía entre 2007 y 2011, ordenó un arbitraje privado, en lugar de uno público, que impuso esa indemnización millonaria.
Los tribunales abrieron una investigación al considerar que la indemnización era más elevada de lo previsto y que eso pudo deberse a la amistad entre Tapie y el entonces presidente, Nicolás Sarkozy.
Los jueces hallaron una carta firmada por Lagarde en octubre de 2007 en la que se ordenaba el arbitraje privado.
La exministra negó haberla rubricado y desvió la responsabilidad en su jefe de gabinete, el cual aseguró que actuaba por orden de Lagarde.
Otro punto en el que la directora del FMI fue negligente, según los jueces, fue el hecho de no haber atendido varios informes de la Agencia Francesa de Participaciones del Estado, encargada de gestionar las empresas públicas, en los que se alertaba contra el peligro del arbitraje privado.
En un principio, Lagarde negó haber recibido estos informes, pero cuando los jueces demostraron que sí los había recibido, la exministra aseguró no haberlos leído.
También se investiga porque no apeló el monto de la indemnización ordenada a Tapie una vez que fue decidida.
Bajo la ley francesa, la investigación oficial es equivalente a cargos preliminares, lo que significa que existe razón para sospechar una infracción. Los jueces investigadores más adelante pueden anular el caso o presentar cargos formales y enviarlos a juicio.