La oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos pidió a México que elabore una “ley general e integral” en materia de desaparición de personas, ya que el país enfrenta una “situación crítica” en este tema.

 

La Alta Comisionada en esta materia, Navi Pillay, en un comunicado con motivo del Día Internacional del Desaparecido que se celebra mañana sábado, se hizo eco de los “legítimos reclamos” de las familias de las víctimas que exigen verdad y justicia.

 

Asimismo, pidió al gobierno mexicano que reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, quien en su informe más reciente exigió a México políticas para prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar a las víctimas.

 

La ONU recordó también que México no solo cuenta con los desaparecidos de los últimos años sino con aquellas personas que desaparecieron de manera forzosa en las décadas de los 60, 70 y 80 y cuyo paradero todavía se desconoce.

 

Una de las más reiteradas peticiones al gobierno mexicano, tanto de la ONU como de organizaciones civiles, ha sido contar con un registro minucioso, detallado y con información genética de todas las personas consideradas desaparecidas.

 

Sin embargo, aunque el actual ejecutivo ha sido el primero en ofrecer cifras oficiales de este fenómeno, ha habido mucha fluctuación en los números. Los colectivos de víctimas rechazan los datos del gobierno y todavía no existe una base de datos nacional y unificada aunque el Congreso aprobó su creación en abril de 2011.

 

Según el último recuento oficial, poco más de 22,300 personas están sin localizar, 12,532 correspondientes al anterior gobierno (2006-2012) y 9,790 a la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto, dijo este mes la subprocuradora de Asuntos Jurídicos, Mariana Benítez.

 

Benítez no aclaró cuántos de estos desaparecidos están relacionados con acciones del crimen organizado y subrayó que pese al alto número de no localizados, muchas más personas han sido encontradas con vida.

 

Sin embargo, organizaciones civiles y familiares de víctimas cuestionaron esta semana las cifras de desaparecidos que ha presentado el gobierno, dijeron no tener constancia de personas localizadas y criticaron al ejecutivo por parecer más interesado en reducir los números que en intentar encontrar a las personas.

 

 

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