Diversas organizaciones no gubernamentales, encabezadas por la asociación civil Eslabones, acudieron al Senado de la República para exigir la creación de una comisión especial para desaparecidos, así como la creación de una fiscalía especial para la investigación de desapariciones forzadas con facultades para la búsqueda trasnacional de ausentes.
La presidenta de la asociación que lideró la petición, Valentina Peralta Puga, denunció que en nuestro país los gobiernos federal y estatales, han demostrado falta de voluntad política para actuar ante la tragedia de los miles de desaparecidos en el país, por lo que exigió la urgente intervención del poder legislativo.
Agregó que de acuerdo con el informe presentado el 11 de marzo del 2014 al comité de Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas, el Estado mexicano informó que se habían dictado tan sólo seis sentencias por el delito de desaparición forzada y sólo una de ellas por hechos ocurridos durante los años setenta. También señaló la apertura de 291 averiguaciones previas por desaparición, lo cual representa apenas el 1% de las 26 mil personas desaparecidas dentro del sexenio de Felipe Calderón, reportadas por la Secretaría de Gobernación en 2013
“Consideramos indispensable iniciar con la creación, dentro del Senado de la República, de una comisión especial para desaparecidos, que desde la óptica jurídica, viabilidad presupuestal, y de derechos humanos, actúe directamente con todas las instituciones que actualmente estén involucradas con el tema, y dé puntual seguimiento a la eficacia de los mecanismos implementados, para la conformación de una base de datos, clara y precisa incluyendo en el número de personas desaparecidas a migrantes y desaparecidos de décadas pasadas” declaró la líder social, tras entregar a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, una petición formal al respecto.
Dicha petición, fue suscrita por organizaciones como Derechos Humanos y Democracia, Fundación Flor y Canto, Hermanos en el Camino y Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; y fue firmada entre otros líderes sociales por Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer, Javier Sicilia y Alejandro Solalinde.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, respaldó a las diversas asociaciones sociales y señaló: “En el Senado de la República tenemos que trabajar de manera acelerada para que en el próximo periodo de sesiones concretemos lo que vayamos a decidir finalmente, pero que pueda ser el precepto legal que ampare la lucha que determine los caminos jurídicos para la justicia que tanto reclaman”.