En calidad de preferente, el Senado deberá procesar en apenas 25 días un tema que ignoró durante los dos años que va de la LXII legislatura: la protección de niñas, niños y adolescentes.
Durante la LXII Legislatura se han presentado en el Congreso de la Unión al menos 82 iniciativas relativas a la protección de niños, niñas y adolescentes, así como 51 puntos de acuerdo por los que se exhortó al Ejecutivo federal, dependencias y entidades de la Administración Pública, gobiernos estatales y autoridades municipales a proteger y garantizar los derechos de los menores.
De las 82 iniciativas, sólo dos fueron aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
El pasado 1 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto turnó al Senado de la República la iniciativa por la que se expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y se reforma la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
De acuerdo con el artículo 71 de la Constitución, por tratarse de una iniciativa con carácter de preferente, esta deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de Senadores en un plazo máximo de 30 días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. De aprobarse, la Cámara de Diputados tendría el mismo plazo para legislar en esta materia.
La iniciativa se envió a las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Derechos Humanos, Educación, Igualdad de Género y Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara alta, donde se estima que para el próximo 25 de septiembre podrían llevar al Pleno este proyecto.
Sin embargo, la premura del asunto contrasta significativamente con la omisión de los legisladores –durante dos años– de garantizar la protección de los 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes en nuestro país.
Los antecedentes
De las dos iniciativas aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, la primera reformó el artículo 112 de la Ley de Migración, para establecer que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) deberá garantizar el eficaz retorno de las niñas, niños y adolescentes migrantes nacionales no acompañados.
La segunda reformó el artículo 84 de la Ley General de Población para determinar que las autoridades encargadas de repatriar a ciudadanos mexicanos deberán contar con áreas de estancias separadas para niños y adolescentes no acompañados.
En lo que respecta al Senado, esta Cámara tiene bajo el estatus de “pendiente”, al menos 22 iniciativas de ley para la protección infantil y adolescente. Los temas de la violencia escolar (bullying), migrantes no acompañados, violencia familiar y alimentación para este sector, fueron los temas presentados en mayor número.
Cabe destacar que entre los 22 proyectos pendientes en la Cámara alta existe una iniciativa de ley muy similar a la presentada el pasado 1 de septiembre por el Ejecutivo federal. Se trata de la iniciativa para expedir la Ley General para la Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Dicho proyecto legislativo fue presentado el 18 de abril de 2013 por la senadora del PRD y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña. Esta iniciativa fue suscrita por legisladores del PRD, PAN y PVEM; sin embargo, no trascendió más allá de las comisiones a las que fue turnada.
En el texto de esta iniciativa se propuso la creación de un Órgano de Diseño y Coordinación de la Política Pública de los Derechos Niñas Niños y Adolescentes, el cual tendría por objeto la promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, además de la creación de la Defensoría Nacional para la Protección Integral de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Mientras en la iniciativa presidencial se planteó la elaboración de un Programa Nacional de Protección a Niñas y Niños y Adolescentes y la creación del Sistema Nacional de Protección Integral para fomentar la colaboración y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.
A diferencia de los 22 proyectos ignorados en el Senado, bajo la obligación constitucional de procesar la iniciativa preferente garante de los derechos de los menores, los senadores tendrán tan solo 25 días para saldar la deuda que durante dos años acumularon con la población infantil.