Apenas horas después de que la Contraloría capitalina sancionara al ex director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas y a otros 32 funcionarios y ex funcionarios por las fallas en la Línea 12, cuando el ex colaborador de la administración de Marcelo Ebrard anunció que impugnará el castigo, por considerarlo infundado.

 

Horcasitas Manjarrez, inhabilitado por 20 años para ocupar cualquier cargo en el servicio público, envió un breve comunicado a Radio Fórmula en el que refirió: “lo único que por el momento deseo manifestar es que la Contraloría del GDF ha dictado en mi contra una resolución notoriamente infundada. Por ello impugnaré ante los tribunales competentes en los términos de ley”.

 

Cuestionado al respecto, el contralor General del DF, Hiram Almeida Estrada, defendió las 54 sanciones impuestas a los 33 funcionarios y ex funcionarios, entre las que hay multas millonarias y dijo que los castigos son el resultado de investigaciones y auditorías que se robustecieron con elementos jurídicos, periciales, documentales y testimoniales.

 

“No habríamos impuesto estas sanciones si no hubiéramos acreditado mediante, insisto, (pruebas) documentales, periciales, técnicas, declaraciones, testimoniales, en fin, todo el cúmulo de elementos jurídicos que nos robustecen la posibilidad de haber aplicado las sanciones”, subrayó Almeida Estrada.

 

Sobre la ausencia de nombres otros funcionarios de primer nivel en la lista de responsables, como Francisco Bojórquez, ex director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), o la decisión de no imponer una multa millonaria a Horcasitas, como sí se hizo con otros funcionarios de menor rango, Hiram Almeida se limitó a decir que se castigaron los actos indebidos y no jerarquías.

 

“Estamos sancionando los actos, si algunos están vinculados a temas económicos así lo hacemos (imponer una multa), si no es el caso, no se asocia”, dijo tras reunirse con diputados integrantes de la Comisión Investigadora de la ALDF.

 

Por su parte, el presidente de la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa, Jorge Gaviño, explicó que los 33 señalados tienen dos vías para impugnar las sanciones impuestas: mediante un juicio de inconformidad ante la propia Contraloría o ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

 

Piden castigo a empresas

 

Además, diputados integrantes de dicha Comisión consideraron que se debe investigar y sancionar al consorcio constructor de la Línea 12, conformado por Ica-Alstom-Carso.

 

El diputado local del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, criticó que el Contralor omitió hablar sobre sanciones a las constructoras, supervisoras o empresas encargadas de realizar los estudios relacionados a la planeación, ejecución y construcción de la llamada Línea dorada.

 

”Es facultad del Contralor sancionar a las empresas responsables de la suspensión del servicio en 11 de 20 estaciones de la Línea 12,  ya que pueden ser inhabilitadas para celebrar contratos con el Gobierno del DF”, dijo.