El viernes 19 de septiembre, el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez (PRD, PT y Movimiento Ciudadano), envió al Congreso del estado una iniciativa de reformas que tienen que ver con el viejo debate de la libertad de expresión y las causas penales o civiles por difamación y calumnia.
Esto, naturalmente, involucra al ejercicio periodístico y el acoso al que son sometidos los informadores del país por actores de gobierno o particulares que en una interpretación interesada inhiben el derecho a publicar, por lo que es un tema de permanente discusión y debate.
Lo que hace en este caso el Ejecutivo tabasqueño, es despenalizar e incorporar al régimen jurídico del estado el Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo que se le quitan aristas al tema de las denuncias y querellas por daño moral, para pasarlo a la justicia civil. Está bien.
En su exposición de motivos argumenta que esta iniciativa tiene como eje rector el denominado “Estado de Derecho, Construcción de Ciudadanía, Democracia, Seguridad y Justicia” del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, que es decir, lo que habrá de durar su gobierno.
La iniciativa enviada para su estudio y aprobación, o no, reitera a lo largo de su argumentación el respeto a la libertad de expresión y a los derechos humanos, pero, sobre todo, quita la falsa percepción penal a un tema que debe pasar de lo amenazante a lo estrictamente cierto.
Y aquí viene la letra de la iniciativa y el gran debate que viene:
Se derogan del Código Penal estatal (Título Noveno) los delitos contra la buena fama, difamación y calumnia, y se reforma el Artículo 2051 y se adiciona un 2051-Bis.
El primero relativo a daño moral establece “…Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas”. Habría que precisar en qué casos es ‘ilegítimo’.
El 2051 Bis tendrá que ser cuidadosamente revisado por los legisladores porque:
En el punto I establece una, digamos, especie de ambigüedad: “…la divulgación de la imputación que se hace a otra persona física o jurídica colectiva, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado…”. Que sería tanto como decir que la verdad o la determinación de los hechos pueden también ser causal de daño moral. Cuidado. Alerta.
En el II, dice [es daño moral] “La imputación a otro de un hecho determinado y calificado como delito por la ley, si el hecho es falso o inocente la persona a quien se le imputa;” Aquí habría que probar que hubo dolo, de lo contrario volvemos a la regla de la rectificación profesional sustentada en la ética periodística.
Y luego:
“La reproducción fiel de información no da lugar al daño moral, aun en casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona, pues no constituye una responsabilidad para el que difunda dicha información, siempre y cuando se cite al fuente de donde se obtuvo”
… Si, Chucha. Cómo no. Revelar la fuente: nunca. Es regla de oro y forma parte de la ética periodística la reserva de la fuente cuando así hubiera sido solicitado por ésta. Ahí, el periodista asume la responsabilidad de lo que está publicando porque ha probado que el dicho es cierto, pero quiere preservar la seguridad física y patrimonial de su informante.
Digamos que estos son algunos de los puntos centrales de esta iniciativa que los periodistas tabasqueños y de todo el país habremos de estar alerta, para, sí, garantizar que tanto difamación como calumnia se erradiquen del trabajo periodístico…
…Que deje de ser motivo de inhibición de la libertad de expresión bajo la amenaza de lo penal en un asunto que es civil…
Y, naturalmente, en el debate de la iniciativa, es indispensable que los legisladores tabasqueños consulten a los informadores, comunicadores, profesionales del análisis público y propietarios de medios su opinión y lectores o público de a pie, respecto de esta iniciativa, porque serán ellos, y sólo ellos los beneficiarios, o perjudicados.
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Comparecencias.- Volvemos al juego que todos jugamos. Esto se está convirtiendo en una vacilada: Es lo del mensaje político del Informe Presidencial fuera del recinto legislativo, pero en casa del Ejecutivo y los Legisladores aplaudiendo lo que debieran analizar en su propia casa.
Luego las famosas 17 comparecencias en la Cámara de Diputados que van a ritmo de chachachá y que no llevan a ningún lado; que terminan en aplausos entre secretarios de Estado y legisladores y que se acumulan hasta tres o cuatro en un solo día para terminar a tiempo con la Ley de Ingresos y el presupuesto del año siguiente, que será en noviembre próximo. Unos hacen como que informan y detallan y otros hacen como que preguntan y legislan. México, 2014.