La Procuraduría General de la República (PGR) realizará nuevos peritajes y ampliará algunos cuyos resultados no fueron convincentes, esto en un intento por reconstruir paso a paso lo sucedido el 30 de junio en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, y esclarecer si la muerte de 22 personas se debió a un enfrentamiento con el Ejército o una ejecución extrajudicial.
Así lo confirmó ayer el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, durante su comparecencia ante el Congreso con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, y prometió a los diputados que llegaran a la verdad «sea cual sea».
«Es un asunto bastante complejo, pero nuestra obligación es encontrar la verdad cual sea. A eso me comprometo con ustedes (diputados) ahora. Vamos a llegar a la verdad de lo que ocurrió», indicó.
Murillo sostuvo que buscarán mediante varios peritajes esclarecer lo sucedido. Entre algunos los estudios a realizar se encuentra una ampliación de criminalística, trayectoria de impactos, ampliación de necropsias, análisis de muestras hemáticas (sangre) en el sitio, reconstrucción de hechos, entre otros.
En ese contexto sostuvo que de momento no puede dar a conocer versión alguna de lo que realmente pudo haber sucedido en la bodega de Tlatlaya, pero subrayó que en cuanto tenga los resultados de la investigación se revelarán públicamente los resultados.
Durante la comparecencia los legisladores de distintos partidos insistieron al procurador sobre alguna postura respecto al homicidio del diputado del PRI Gabriel Gómez Michel, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado el martes en los límites de Jalisco y Zacatecas.
Murillo Karam confirmó que el caso ya está en manos del Ministerio Público Federal como la ley obliga por tratarse de un legislador del Congreso de la Unión, y reconoció que se trata de «un asunto doloroso que bajo ninguna circunstancia puede volver a repetirse».
En ese contexto subrayó que la Procuraduría trabaja ya con el objetivo de esclarecer el caso como es su responsabilidad, y subrayó que espera contar con la capacidad para llevar a los responsables ante los tribunales.
Caso Oceanografía
Sobre el caso Oceanografía los diputados cuestionaron a Murillo Karam sobre el motivo por el cual el ex propietario de la empresa, Amado Yáñez, se encuentra en libertad acusado de un delito no grave, mientras otras personas tienen órdenes de aprehensión por delitos cuya pena es más severa.
Murillo reveló que de acuerdo con la investigación de la PGR el principal responsable del caso es Martin Díaz Álvarez, socio de Yáñez, debido a que fue el quien planificó la operación irregular para obtener créditos irregulares con los que se sustentaban contratos con PEMEX.
«Además fue Díaz Álvarez quien puso en riesgo a millones de ahorradores de la llamada Caja Libertad, la cual involucró en esta operación irreparable. Por eso el cargo en contra de él es más severo», dijo el procurador.
Murillo recalcó que en este caso Banamex, a través de directivos que ya cuentan con órdenes de aprehensión, también tuvo una responsabilidad importante en algo que no puede calificarse como un «fraude», sino como una operación irregular entre particulares.
Finalmente y pese a la molestia de diputados de oposición que dijeron que el Ministerio Público está obligado a procurar justicia, Murillo subrayó que también es consciente de una responsabilidad social y por eso actuaron en el caso preservando fuentes de empleo y sin poner en riesgo la operatividad de Pemex.
PGR es cara e ineficaz, persiste impunidad: acusan diputados
Diputados de oposición acusaron al procurador Jesús Murillo Karam de encabezar una dependencia que es cara e ineficiente, ya que pese a que sus recursos se han incrementado, los resultados no convencen y la impunidad prevalece en más de 90% de los delitos.
Durante la comparecencia con motivo de la Glosa del Segundo Informe, los legisladores subrayaron que pese a un discurso «triunfalista» de parte del gobierno, la violencia que persiste en el país y la falta de respuesta en casos de alto impacto revelan que falta aún trabajo por hacer.
La diputada Karina Labastida del Partido Acción Nacional (PAN) sostuvo que las cifras del INEGI evidencian que sólo 1 de cada 10 delitos se denuncian e investigan y que 76% de los mexicanos dice sentirse inseguro en el país y teme ser víctima de un delito.
En ese contexto dijo que la PGR ha visto incrementar su presupuesto, que en el 2008 rondaba los 14 mil millones de pesos, hasta los 17 mil millones de pesos en el 2013. Pese a ello hubo subejercicios en el último año superior a los 500 millones de pesos en materia de investigación de delitos federales y delincuencia organizada.
La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Elena Tapia Follem, sostuvo que el cruce de datos entre averiguaciones resueltas y el presupuesto que se ha asignado a la PGR, arroja que hace seis años resolver cada caso costaba 81 mil pesos, mientras que el año pasado el costo de cada expediente fue de 143 mil pesos.
«La justicia es ineficiente y ofensivamente cara (…) y frente a ello tenemos situaciones de violencia grave. El crimen organizado ha creado estados paralelos en el país, y la PGR no ha podido desarticular estas estas estructuras», apuntó la legisladora.
Durante la comparecencia que se extendió por más de cuatro horas, otros legisladores de oposición coincidieron en señalar que casos como el de Oceanografía, los delitos ambientales de Grupo México, el del incendio en la guardería ABC, o imposibilidad para detener a líderes criminales como La Tuta evidencian a un sistema de justicia con resultados dudosos.
Ante esos cuestionamientos el procurador Jesús Murillo Karam reconoció que el sistema de procuración de justicia no funciona bien, pero subrayó que se trabaja en uno nuevo que transformará a la PGR en una Fiscalía General y operará bajo los preceptos de un nuevo sistema penal.
«La eficiencia de la PGR yo reconozco que es mala, la resolución (de las investigaciones y de los casos) es muy lenta y burocrática… muy mala. Pero soy honesto y hemos invertido nuestros recursos y esfuerzos no en componer lo que ya estaba así, sino en el nuevo sistema al que estamos avanzando», subrayó.
* Mexicana. Murillo Karam sostuvo que en el caso de Gastón Azcárraga, con orden de aprehensión por irregularidades en el manejo de recursos de Mexicana de Aviación, el empresario está sometido a un juicio de asilo en EU y por ello no pueden extraditarlo.
* Caso ABC. El titular de la PGR reveló que han hecho seis nuevos peritajes, pero sólo uno de ellos establece un posible incendio provocado y los otros cinco no sostienen esa posibilidad.
*Desaparecidos. El procurador evito dar una cifra precisa de personas desaparecidas pues dijo que la cantidad es variable.
*Arraigo. Reconoció que esta figura viola derechos pero justificó su uso en situaciones excepcionales, sobre todo cuando puede estar en peligro un bien superior como la vida de alguien.
