Un grupo de ocho soldados están detenidos en una prisión militar por el caso del enfrentamiento en Tlatlaya, Estado de México, en donde murieron 22 presuntos secuestradores. Todos ellos participaron en los hechos ocurridos el pasado 30 de junio, en una bodega del municipio mexiquense.

 

En un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) precisó que son un oficial y siete elementos de tropa “fueron puestos a disposición del Juzgado 6/o. Militar, internos en la prisión adscrita a la Primera Región Militar, en el Campo Militar No. 1-A en el Distrito Federal”.

 

La Procuraduría General de Justicia Militar efectuó dichas detenciones y señala a los militares en cuestión, de los que se reservó los nombres, como presuntos responsables en infracciones a la disciplina militar; desobediencia e infracción de deberes, en el caso del oficial; e infracción de deberes en el caso del personal de tropa.

 

Autoridades del Ejército y PGR confirmaron que esta mañana los elementos del Ejército mexicano fueron presentados ante el MP militar en el Campo número 1 y tras ser encarcelados tocará al juez determinar si los procesa o no.

 

Sedena explicó que estas acciones y acusaciones se realizan independientes a las investigaciones que realizan las autoridades civiles por estos hechos.

 

Fue el 30 de junio, cuando 22 personas murieron en una bodega en el citado municipio mexiquense. En un comunicado emitido por Sedena aquel día, se informó que se trató de un enfrentamiento entre soldados del Ejército y personas armadas que los agredieron.

 

Sin embargo, la semana pasada, la agencia Associated Press y la revista Esquire, en su edición México, reportaron que una testigo presencial relató que, tras el enfrentamiento, los presuntos delincuentes se rindieron, pero una vez que estaban en el piso, los soldados los ejecutaron.

 

La PGR ya atrajo el caso y a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) inició la averiguación correspondiente, incluso la víspera el procurador Jesús Murillo Karam aseguró que en este caso se llegará a la verdad, sea cual sea.

 

En tanto, por estos mismos hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) comenzó una indagatoria a inicios del mes de julio y prevé tener sus conclusiones en seis semanas más. NS