El presidente Felipe Calderón reveló que en los estados fronterizos de los Estados Unidos hay nueve armerías por cada supermercado Wal-Mart, las cuales son aprovechadas por los grupos delictivos, al insistir en que el flujo de armas hacia México ha sido un factor determinante en el incremento de la violencia en el país.

 

Durante la inauguración de la Reunión Hemisférica de Alto Nivel Contra al Delincuencia Organizada Trasnacional, el primer mandatario expuso en un discurso de casi 45 minutos lo que desde su perspectiva, son los detonantes de la violencia del crimen organizado y el narcotráfico en México, así como la estrategia que ha implementado para combatirlo.

 

Sostuvo que “estudios muy acabados” han evidenciado que las áreas donde existe una “disponibilidad extraordinaria de armas”, como aquellas donde hubo una guerra civil, tienden a presentar altos niveles de violencia y en especial de homicidios con armas de fuego.

 

En México no hubo una guerra civil; sin embargo, un cambio regulatorio que data del 2004 en los Estados Unidos referente a la no prorrogación del llamado Assault Weapons Ban (AWB), el cual impedía la venta de rifles de asalto en las armerías, produjo el mismo efecto.

 

“Al expirar esto en 2004, provocó un incremento notable de la venta de estas armas y el ingreso de las mismas hacia nuestra región: nosotros tenemos detectado que en el lado americano, en la zona fronteriza con México, hay ocho mil armerías, tan sólo en estados fronterizos”, apuntó.

 

Es decir, abundó Calderón, que por cada tienda Wal-Mart en las ciudades de las entidades fronterizas de EU, hay nueve armerías, en las cuales se comercializan, a quien sea, armas de asalto como rifles AR-15 o AK-47, comúnmente utilizados por los grupos de la delincuencia organizada.

 

El mandatario insistió en que la administración del ex presidente de EU, George Bush, no buscó prorrogar el AWB, que se había mantenido vigente desde la administración de Bill Clinton, lo que trajo como consecuencia el incremento de las armas en México y en toda la región.

 

“Hay correlación clara en la serie de tiempo entre que expiró el Assault Weapons Ban y el incremento de la violencia en México, en Centroamérica y en otras partes; no tuvimos una guerra civil pero sí un cambio regulatorio que derivó en ello”, sentenció.

 

En este contexto, Calderón destacó que durante los cinco años que lleva su administración se han decomisado a las bandas criminales 140 mil armas de fuego, de las cuales 84 mil son rifles de asalto, el 80% de ellos vendidos en armerías americanas, según las investigaciones.

 

Además, entre lo decomisado, se han contabilizado por lo menos 240 rifles tipo Barret de largo alcance y alto poder destructivo, además de múltiples lanzagranadas, más de 12 mil granadas, y aproximadamente 10 millones de cartuchos.

 

En suma, dijo el titular del Ejecutivo, el tema de las armas, el de los altos niveles de consumo de drogas en los Estados Unidos y los mecanismos que encuentran las organizaciones criminales para lavar dinero en aquel país, han contribuido significativamente a fortalecer a los grupos criminales y, por ende, a dificultar el trabajo de las autoridades para abatirlos.

 

Urge frente

 

Ante los fiscales generales y procuradores del continente, Calderón también hizo una explicación detallada de la estrategia implementada en México en contra de la criminalidad, que se sustenta en tres ejes: detención de los criminales, fortalecimiento de las instituciones de seguridad y reconstrucción del tejido social.

 

No obstante, ante la complejidad y alcances de la delincuencia organizada trasnacional, propuso la conformación de un frente organizado internacional, en el cual los países de la región, de forma coordinada, establezcan políticas homologadas de combate a los criminales, para que estos vean minado su campo de acción.

 

En el marco de este mismo encuentro, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, consideró que la región atraviesa un “momento decisivo” en se requiere la unión de los Estados para frenar la amenaza que significa la delincuencia.

 

“Las cada vez más complejas manifestaciones de la delincuencia organizada transnacional, han trascendido la esfera de la seguridad pública para convertirse en una amenaza a la seguridad del nuestros países “, sentenció.

 

No obstante, sostuvo que ninguna organización criminal es actualmente más fuerte que los estados del hemisferio, por lo que no puede dejarse de lado la tarea de “castigar a los delincuentes que amenazan la vida, la libertad, la salud y los derechos de nuestros ciudadanos”.

 

Antes, la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, apuntó que el embate de los grupos delictivos se ha “recrudecido, expandido y diversificado”, por lo que resulta imperativo fortalecer la cooperación entre los países del continente.