En caso de comprobarse la muerte de 22 civiles a manos de militares el 30 de junio pasado, el titular de la secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó sería una «excepción», luego de que el Ejército quedara en entredicho tras iniciar un proceso marcial contra ocho soldados que participaron en el enfrentamiento en que murieron 22 civiles, por delitos en contra de la disciplina militar.
Si «hay algo que señalar respecto a la actuación de este grupo de miembros del Ejército» detenidos el jueves por su presunta responsabilidad en los hechos registrados en Tlatlaya, en el Estado de México, sería «sólo una acción aislada, no el comportamiento de nuestro gran Ejército», dijo.
Explicó que los militares desplazaron aquella noche al municipio de mexiquense a consecuencia de una llamada telefónica que advertía sobre el secuestro de varias personas.
“Lo que tengo conocimiento es que en la noche madrugada el Ejercito va al llamado de una denuncia en la que se habla de secuestradas, y en la que (se afirmó) estaba un grupo armado con varias camionetas en esta bodega”, aseguró.
Explicó que los habitantes de Tlatlaya estaban siendo lastimados con la violación de diversos delitos “todos ellos graves, teníamos denuncias permanentes y teníamos investigación en la región”.
El encargado de la política interna del país, aseguro que es la PGR » la responsable de la investigación» y les solicitó aguardar los resultados de acuerdo al avance en las pesquisas, al tiempo de recordar que ocho soldados permanecen prisioneros en la ciudad de México.
Sin embargo, esa versión fue puesta en entredicho por una testigo que aseguró a la revista Esquire edición México que los soldados fueron los que dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron y en el enfrentamiento murió sólo uno de los civiles, los demás se rindieron y, tras ser interrogados habrían sido ejecutados.
Inconsistencias en nuevas fotos, señalan
El director de dicha agencia, Mario Vázquez de la Torre, dijo que recibió las fotos el miércoles pasado en una memoria USB enviada por medio de una mensajería en un paquete que no le despertó especial interés.
Después de dos horas en su escritorio, lo abrió y revisó el material y lo comparó «con las imágenes de la escena que fotografiaron» sus compañeros el 30 de junio y «sin duda corresponden al lugar donde fueron asesinadas estas personas».
Recordó que ese día un equipo de periodistas se desplazó a la bodega del poblado de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, y tomaron «fotos y vídeo», pero «ya habían levantado los cadáveres, y «removido las camionetas».
Las instalaciones estaban bajo resguardo del Ejército y las imágenes del interior fueron tomadas con su autorización, pero estas fotos son inéditas, aseguró el periodista, quien destacó que por ello buscaron a un abogado criminalista para que las interpretara.
Tras estudiar las imágenes, el penalista José Luis Mejía concluyó que la escena «fue totalmente manipulada» y los cadáveres muestran señales de haber recibido disparos a corta distancia.
Los cuerpos no registran el «giro natural que se presenta al recibir un impacto de bala de grueso calibre de más de 20 metros de distancia», apuntó MVT en la nota publicada hoy con las fotografías respectivas.
Según el experto, ello «evidencia que esas personas fueron sacrificadas en un sitio y luego arrastradas al lugar donde se montó la escena, y a todos los tiraron de espaldas para hacer creer que así cayeron, lo cual es imposible».
Se desmorona versión oficial, señala HRW
El director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, dijo que se trata de la «peor masacre de los últimos años» a manos de militares y confió en que las autoridades civiles esclarezcan los hechos e identifiquen a los responsables y a quienes han intentado encubrirlos.
Además, lamentó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hasta ahora haya brillado «por su ausencia» en el caso, si bien hoy uno de sus funcionarios argumentó que ha sido «muy complejo» y que en seis semanas esperan anunciar los resultados de su investigación.
MG
