Christof Heyns, relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, instó a las autoridades mexicanas a garantizar la protección de las víctimas sobrevivientes y testigos de la muerte de 22 presuntos delincuentes a manos del Ejército, hechos ocurridos el pasado 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.
Así mismo, instó a realizar una investigación rápida e independiente sobre dichas muertes, al tiempo que celebró la decisión de detener a ocho militares sospechosos de los asesinatos, en lo que podría ser un caso de ejecuciones sumarias.
En un comunicado, la dependencia precisó que “tres mujeres fueron las únicas sobrevivientes, pero dos de ellas fueron detenidas posteriormente por cargos de posesión de armas de fuego y crimen organizado”.
Sin embargo, información que salió a la luz recientemente parece contradecir los informes oficiales. En un artículo publicado en la prensa local e internacional, un testigo presencial de los hechos afirma que la mayoría de las personas que murieron durante la operación en Cuadrilla Nueva podrían haber muerto a tiros después de deponer sus armas y entregarse a los militares.
“El gobierno de México tiene la obligación de investigar a fondo, juzgar y sancionar a todos los presuntos casos de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, recalcó Christof Heyns.
El experto en derechos humanos señaló que “toda pérdida de la vida que resulte del uso excesivo de la fuerza y sin el estricto cumplimiento de los principios de necesidad y proporcionalidad es un caso de privación arbitraria de la vida y por lo tanto ilegal”.
“Sólo se puede recurrir al uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente necesario para impedir que una persona detenida escape o cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida, es decir, cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones graves”, dijo el Sr. Heyns, señalando que quizás éste no fue el caso en Tlatlaya, de acuerdo con la nueva información disponible.
“La detención de ocho de los soldados sospechosos de haber participado en esas muertes es un paso en la dirección correcta hacia la justicia para las víctimas y la rendición de cuentas por sus muertes”, dijo. “Voy a observar de cerca el progreso en la investigación, y recibiré con beneplácito toda información oficial sobre esta y otras medidas tomadas”.
El Relator Especial pidió además al gobierno mexicano proporcionar medidas urgentes de protección para la sobreviviente que dio testimonio y las dos sobrevivientes actualmente detenidas, así como para el periodista y el fotógrafo que produjeron el artículo, y los medios de comunicación mexicanos que lo publicaron. DM
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