El pasado tres de octubre el “Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó una serie de observaciones en torno a una evaluación realizada el 16 y 17 de septiembre para conocer, de manera general, el estado que detenta México en la materia. Si bien reconoce algunos “aspectos positivos” -la Ley Federal para la Inclusión de Personas con Discapacidad y avances en el combate a la discriminación contra mujeres y migrantes-, el documento se centra en desglosar “ámbitos de preocupación” y “recomendaciones”.
El Comité expresa su consternación ante cómo la calidad de vida de las personas con discapacidad se ve agravada por la concurrencia de otros factores de exclusión social como la edad, género, pertenencia étnica y ruralidad. El documento enumera una serie de focos rojos, entre los que destacan el estado de vulnerabilidad legal en las comunidades indígenas, la ausencia de seguridad jurídica de las mujeres víctimas de la violencia doméstica en zonas de bajo desarrollo, y la esterilización de personas con discapacidad sin su consentimiento libre e informado, “en instituciones como Casa Hogar Esperanza”, donde, según fue informado al Comité, “se recomiendan, autorizan o aplican esterilizaciones forzadas o realizadas bajo coerción a niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad”.
La recomendación que más llama la atención, sin embargo, es la que se sitúa en un debate que cobra cada vez más vigencia: la validez de que entes privados administren fondos públicos orientados a la salud y el desarrollo social. La ONU criticó la entrega de recursos públicos al Teletón, esfuerzo al que definió como una “campaña encabezada por una asociación civil denominada Fundación Teletón que cada año organiza un evento que se transmite por la televisora Televisa para recolectar dinero para la rehabilitación de niños con discapacidad”. El Comité apunta, además, que “dicha campaña promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad”.Por tanto, la ONU insta al Estado mexicano “a establecer una distinción clara entre el carácter privado de las campañas Teletón y las obligaciones que el Estado debe acometer para la rehabilitación de las personas con discapacidad”.
¿Hasta dónde deben llegar las empresas en materia de ayuda social? ¿Deben los gobiernos renunciar a su función de garante social como recolector y operador fiscal? ¿Debemos considerar a los esfuerzos filantrópicos como nuevas políticas públicas? ¿Puede la filantropía privada sustituir la responsabilidad del Estado de ofrecer condiciones mínimas de vida para todos los ciudadanos? Las fronteras entre derechos y obligaciones se tornan confusas.
El fenómeno no es exclusivo de México. El año pasado, en el contexto de la crisis española, varios corporativos establecieron estrategias agresivas para evadir legalmente el pago de impuestos. Su argumento: frente a la ausencia de un gobierno confiable, es mejor orientar ese dinero hacia acciones filantrópicas más eficaces y productivas. Los empresarios, claro está, nunca mencionaron quién iba a supervisar la efectividad y limpieza de su gestión social. Pagamos impuestos de manera obligatoria bajo el supuesto de que estos serán administrados para el beneficio de todos por un gobierno electo democráticamente. Donar a la filantropía, en cambio, no es un acto obligatorio, sino un lance de generosidad en el que la respetabilidad pública del filántropo es la garantía de la limpieza de la operación. Utilizar el dinero de los impuestos para financiar entidades filantrópicas privadas es una deformación peligrosa que crea un caldo de cultivo perfecto para la corrupción, el proselitismo y la malversación de fondos. Vale la pena escuchar a la ONU.
Utilizar el dinero de los impuestos para financiar entidades filantrópicas privadas es una deformación peligrosa que crea un caldo de cultivo perfecto para la corrupción, el proselitismo y la malversación de fondos