La Procuraduría General de la República (PGR) tenía abierta desde junio de 2013 una averiguación contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, por su probable participación en el crimen de tres activistas campesinos, y según declaraciones, el mismo edil habría disparado contra uno de ellos.
El 1 de julio de 2012 los pobladores de Iguala eligieron a Abarca Velázquez como presidente municipal, arropado por la coalición Guerrero nos Une (PRD-PT-MC). Un año más tarde, la PGR y la Secretaría de Gobernación (Segob) eran advertidas de presuntos nexos del alcalde con la delincuencia organizada.
Las autoridades desconocen la ubicación de Abarca Velázquez desde el pasado 2 de octubre, después de pedir licencia al cargo para que pudiera declarar en el caso de seis personas asesinadas y 43 desaparecidas, pero nunca se presentó.
Según denuncias presentadas ante la PGR, desde junio de 2013 la dependencia inició la investigación por el crimen de tres líderes sociales de la Unidad Popular (UP) de Iguala, levantados por un comando el 30 de mayo de ese año y encontrados muertos el 3 de junio.
De acuerdo con la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, el 29 de mayo de 2013, ante el hostigamiento contra los líderes sociales de la UP, decidieron interponer una denuncia en la alcaldía en contra de Abarca Velázquez.
Al día siguiente, después de una manifestación pacífica, los líderes sociales Arturo Hernández Cardona, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza Villa, Rafael Bandera Román y Jimmy Castejón fueron plagiados; tres de ellos Arturo, Rafael y Ángel aparecieron muertos cuatro días después -con señas de tortura- en la carretera federal Chilpancingo-Iguala.
Luego de este hecho, uno de los sobrevivientes, Nicolás Mendoza Villa, acudió a un notario para declarar los hechos que vivió al momento del secuestro, donde acusa directamente al alcalde prófugo de encabezar la tortura y asesinato de los activistas.
“El presidente José Luis Abarca Velázquez ordena a las personas que nos cuidaban que nos torturen, al término de nuestra tortura se dirigió el presidente José Luis Abarca al ingeniero Arturo Hernández diciéndole: qué tanto estás chingando con el abono, me voy a dar el gusto de matarte. Al ingeniero lo siguieron torturando, y aproximadamente 10 minutos después el director de la Policía Municipal levanta del suelo al ingeniero Arturo Hernández y se lo llevaron a la fosa que estaba más o menos a 10 metros de donde nos tenían y es el presidente José Luis Abarca Velázquez quien le da un escopetazo en la cara y otro en el pecho y lo dejaron tirado en la fosa. Comenzó a llover y no lo taparon, quedó descubierto”, indica su testimonio proporcionado por la Red.
El 2 de junio de 2013, el perredista líder de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), René Bejarano, da una conferencia de prensa en el hotel Crown Plaza de Acapulco, donde revela los hechos violentos y pide que Abarca Velázquez sea investigado por las autoridades estatales y federales.
“Los denunciamos ante los medios y después ante todo tipo de autoridades estatales y federales. Las estatales nos prestaron atención y ayuda, pero las federales nos ignoraron”, declaró el perredista ayer a 24 HORAS.
Según el perredista, también se reunió con el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, para pedirle apoyo, pero fue ignorado.
“El Senado de la República acordó en dos ocasiones solicitarle a la PGR que atrajera la indagatoria por el crimen cometido contra los líderes sociales de iguala de mayo de 2013 y la procuraduría no atendió el llamado del Senado, omitió atraer las investigaciones a pesar de que existían los elementos que presumían delincuencia organizada y todo lo asociado a eso”, detalló.
A un año, los familiares y líderes sociales están escondidos en algunos estados del país para evitar represalias en su contra. Tienen miedo y es poco probable que puedan aparecer en público, finalizó Bejarano.
Confirman que hay investigación
La Procuraduría General de la República (PGR) sí tiene abierta una investigación relacionada con el homicidio del dirigente de Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, y en donde pudo haber estado involucrado algún grupo del crimen organizado.
Autoridades federales indicaron a este diario que se trata de un expediente en integración, en donde se han recabado testimonios, pero no se había procedido penalmente en contra de nadie todavía.
Cabe señalar que existen testigos que relacionan al alcalde de Iguala José Luis Abarca con este caso pero el Ministerio Público aún no había identificado con pruebas a los responsables. Además en el caso del alcalde, la PGR estaba imposibilitada a actuar en su contra por el fuero del que goza.
En términos oficiales, el titular de la PGR Jesús Murillo Karam señaló el martes pasado que no tenía una averiguación consignada o dirigida directamente en contra del alcalde de Iguala.