La situación de Guerrero avanza en dos vías.
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De un lado se investiga al alcalde desaforado José Luis Abarca por sus ligas con los cárteles de los Beltrán Leyva y Guerreros Unidos, a cuyo amparo habría hecho su gran fortuna y nexos políticos de alcance nacional porque preveía lanzarse a las grandes ligas.
Y por el otro costado se observa con detenimiento el curso de la actuación de las autoridades de Guerrero, sobre todo cuando el gobernador Ángel Aguirre chocó contra la imposible consulta para determinar si permanece en el cargo.
Dos escenarios de alto riesgo.
Abarca era operador financiero de los Beltrán Leyva y Guerreros Unidos y para ellos administraba Iguala, un municipio de alta estima porque es fundamental para el cultivo y tráfico de enervantes entre Guerrero y el norte de la república.
La PGR de Jesús Murillo ya cuenta con información de sobra sobre esas actividades y ni Dios padre salvará al ex presidente municipal de un proceso largo.
Ni a él ni a sus familiares políticos y, como se advierte, ni a sus colaboradores.
Pero hay una duda:
¿Cómo reaccionarán el PRD y el Morena si se confirma no sólo la connivencia de sus dirigentes sino el patrocinio financiero de Abarca y a Nueva Izquierda y a Andrés Manuel López Obrador?
Prueba de fuego y muchas bandas para las autoridades.
SONDEOS EN EL SENADO EN BUSCA DE SOLUCIÓN
El escándalo mundial ha abierto una ventana al gobierno de Enrique Peña Nieto.
No puede seguir en el poder quien, conforme a la propia expresión presidencial, ha mostrado debilidad institucional y no se dan los pasos adecuados para atacar el conflicto de raíz ni para dar con las víctimas y los responsables de los crímenes.
Aquí va la primicia:
El tema ya se trata a niveles superiores.
Y si no hay respuestas pronto, el gobierno de la república se verá obligado a llevar el asunto hasta el Senado de la República para resolver de tajo el vacío de autoridad.
Centrémonos en Iguala: no se puede dejar el municipio a incondicionales de José Luis Abarca para prolongar el actual estado de cosas.
Como la decisión ya se ventila a instancias del mayor nivel político, no sorprenda si el presidente Peña Nieto trata de frenar el descrédito internacional de México con acciones no vistas desde Ernesto Zedillo.
Eduardo Robledo dejó Chiapas por acuerdo con Porfirio Muñoz Ledo, entonces dirigente perredista, y Rubén Figueroa Alcocer en Guerrero tras la matanza de Aguas Blancas.
La negociación de Esteban Moctezuma con Muñoz Ledo incluyó a Roberto Madrazo, pero éste se parapetó en Tabasco -“aquí hay madracismo, no priismo”, me dijo entonces Humberto Mayans- y no se fue.
Quién sabe si Peña ceda como Zedillo entonces.
SEGURIDAD GUBERNAMENTAL A TRASNACIONALES
1.- Uno de los vacíos de la reforma energética, decíamos aquí la semana pasada, es cómo se protegerán las instalaciones de las empresas petroleras extranjeras.
La Marina, agregamos, utiliza la experiencia en la sonda de Campeche para proteger futuras plataformas y pozos petroleros en el Golfo de México, sean mexicanas o foráneas.
El dato lo confirmó el sábado el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a la periodista Dolia Estévez:
-Es obligación del gobierno mexicano dar garantías de seguridad a toda la actividad económica…
2.- El gobierno se encontró con algo poco visto: el agradecimiento de los sudcalifornianos por la respuesta de apoyo tras los estragos del huracán Odile.
La administración de Enrique Peña tomó nota y lo comunicó a la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, y a su brazo operador, el director de Fonatur, Héctor Gómez Barraza.
Y 3.- algo debe saber el coordinador de los diputados priistas, Emilio Gamboa, cuando llama a buscar solución a los problemas “con respeto, sin violencia y sin agredirnos”.
Lo dice cuando la matanza de Iguala entra a una solución crucial.