FILADELFIA. Sentado en la mesa de los acusados del Tribunal de Inmigración de Filadelfia, el chico de 10 años miraba hacia sus pies, que apenas si podían tocar el piso. Con sus ojos oscuros, parecía una versión latina de Daniel el Terrible, con un corte de cabello mohicano en lugar de un copete y luciendo una camiseta que dice:

 

Apellido: Pleito.

Nombre de pila: Busca.

 

El muchacho, Carlos, entró al país ilegalmente hace ocho meses y fue detenido en la frontera con Texas. Se lo citó a un tribunal para una vista sobre su deportación y se le permitió que en el ínterin viviese con su madre en Kensington, a la espera de que se decida su futuro. Igual que con otros menores mencionados en este artículo, el Inquirer aceptó usar solo su nombre de pila.

 

Nacido en Honduras, Carlos es parte de decenas de miles de niños menores de 18 años que cruzaron la frontera ilegalmente el año pasado y ahora se exponen a ser expulsados del país. La mayoría son de Guatemala, El Salvador y Honduras.

 

En la frontera al sudoeste de Estados Unidos los arrestos de menores que viajan sin sus padres o custodios legales se han más que cuadruplicado en un año, de 14 mil 855 en el año fiscal de 2013 a 68 mil 445 este año, según el Servicio de Protección de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos.

 

A lo largo de una jornada este mes, el juez Steven Morley, del edificio federal de las calles Novena y Market, escuchó el caso de Carlos y otros 90 similares.

 

Nerviosos inmigrantes, la mayoría muchachos adolescentes y unas pocas niñas, colmaron tres largos bancos. En general iban acompañados de un pariente, amigo o custodio legal.

 

Metódicamente, el juez Morley le dedicaba tres o cuatro minutos a casa caso, evaluando si estaban listos para ir a juicio y fijando vistas en marzo, cuando escuchará los méritos de cada caso.

 

Sin que hubiera objeciones del fiscal del Departamento de Seguridad Nacional Joseph Scott, Morley postergó el caso de Carlos hasta dentro de cinco meses, para que se pueda preparar para un juicio. El niño es representado por Elizabeth Yaeger, de HIAS de Pensilvania, que ofrece servicios legales y de otros tipos a inmigrantes, refugiados y personas que buscan asilo.

 

Estudios indican que a los niños representados por abogados les va mejor en los tribunales, por lo que organizaciones comunitarias, incluidas HIAS y La Comunidad Hispana, del condado de Chester, reclutan y capacitan a abogados para que los representen.

 

El mes pasado HIAS dio un curso de un día sobre estrategias para defender a estos niños en Filadelfia al que asistieron 50 abogados interesados en defenderlos sin costo alguno, o cobrando poco dinero.

 

Uno de los temas abordados fue el Status Especial de Inmigrantes Menores (Special Immigrant Juvenile Status, o SIJS), que despeja el camino para la residencia legal. Se trata de un status creado por el Congreso para niños indocumentados que han sido víctimas de “abusos, negligencia o abandono”.

 

John Winicov, abogado del programa de asistencia legal de La Comunidad Hispana, dijo que hace poco consiguió que tres guatemaltecos de 17 años fuesen autorizados a quedarse porque habían sido “abandonados por sus padres, se había abusado de ellos y se les había dicho que se fuesen”. Los tres están viviendo con hermanos o tíos, asisten a clases y se encuentran bien, según Winicov.

 

En el tribunal de alfombras azules de Morley, el desfile de niños migrantes, aún no tiene fecha para terminar de resolver todos los casos.