El diputado Adolfo Orive Bellinger adelantó que la iniciativa del Ejecutivo federal en materia de productividad y competitividad será modificada en algunos rubros y se discutirá en el pleno en la tercera semana de noviembre.

 

El presidente de la Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados indicó que las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas trazarán este jueves la ruta, que durará dos semanas, para presentar el dictamen los más pronto posible después que se apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.

 

Recordó que la propuesta expide la ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional y adiciona el Artículo 21 Bis a la Ley de Planeación.

 

En entrevista precisó que las Comisiones Unidas de Competitividad y de Economía culminaron el proceso de audiencias públicas con académicos, funcionarios y especialistas del sector, donde se recabaron sugerencias que se discutirán las próximas semanas.

 

Sostuvo que la última de las audiencias fue muy “equilibrada”, al contar con la presencia de Thomas Wissing, representante de la Organización Internacional del Trabajo en México, y de Juan Carlos Moreno-Brid, director adjunto de la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

 

Asimismo, Luis Foncerrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado; Patricia Mercado, secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno capitalino; Rafael Marino, representante del Sindicato de Telefonistas, y Fernando Salgado, de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

 

Orive Bellinger consideró que la reforma representa un cambio en el paradigma del modelo económico de los últimos 30 años, ya que el crecimiento promedio es de apenas 2.4 por ciento y ha aumentado la brecha tecnológica de México con sus socios comerciales.

 

De acuerdo con el diputado del Partido del Trabajo (PT), en la legislación se piensa por primera vez en un proceso de planeación económica e industrial a 20 años de plazo, a fin de evitar que cada presidente de la República “invente” al país cada seis años.

 

Indicó que este nuevo plazo, que se plasmará en la Ley de Desarrollo, brindará certidumbre a los empresarios e inversionistas y se incrementarán los proyectos.

 

Apuntó que otra virtud de la iniciativa es que la política de fomento económico se dedicará a que los apoyos del gobierno federal se den de forma consensuada con la iniciativa privada, los trabajadores y la academia, “para que logremos resultados”.

 

En la actualidad, dijo, la inmensa mayoría de las empresas mexicanas son micro, pequeñas y medianas, y la capacitación que reciben sólo alarga su vida de dos y tres años a cuatro y cinco, por lo que deben ser organizadas como cadenas de valor que se enganchen a las grandes empresas, incluso las exportadoras.

 

Planteó que México es hoy “un exportador de importaciones”, ya que no se exporta contenido nacional, por lo que se buscará que las seis mil 257 maquiladoras del país en lugar de obtener su proveeduría del extranjero lo hagan de empresas instaladas en territorio nacional.

 

Señaló que aunque México dedica sólo 0.44 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a ciencia y tecnología, el problema es que ese dinero no está invertido a incrementar la productividad y generar empleo.

 

“En la ley decimos que la innovación tiene que ser aplicada, es decir, los investigadores tienen que estar pegados en la planta productiva para que efectivamente ayuden a los empresarios y trabajadores a mejorar su capacidad tecnológica y organizacional, para que mejore la productividad y el ingreso”, puntualizó.

MG