Ayer se cumplieron cuatro meses de la masacre de civiles a manos de elementos del Ejército Mexicano en una bodega de la localidad de Tlatlaya, Estado de México. Hasta hoy no hay un solo servidor público, civil o militar, bajo proceso ante una corte federal por el asesinato de estas personas y el posterior encubrimiento del caso.
Este diario publicó el pasado 17 de octubre que el único proceso abierto por este caso era en cortes militares y por delitos de la disciplina castrense. Dos semanas después la Procuraduría General de la República (PGR) sigue sin proceder penalmente por los delitos de homicidio y lo que resulte.
Fuentes federales subrayaron a este diario que el análisis de diversas evidencias es lo que ha retrasado la consignación. Además, también se están verificando los hallazgos hechos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportadas en su recomendación 51/2014.
Ayer, al comparecer ante el Senado, el ombudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva lamentó que “no hay una sola persona sometida a juicio por los homicidios” del caso Tlatlaya, calificado por él mismo como una de las “más grandes y graves violaciones a los derechos humanos de los últimos años”.
Los hechos ocurrieron el 30 de junio en la localidad de San Pedro Limón del referido municipio, donde un grupo de elementos del 102 Batallón de Infantería se enfrentaron con supuestos delincuentes en una bodega. El saldo fue de 22 muertos, todos ellos civiles, y tres mujeres sobrevivientes.
El 30 de septiembre el titular de la PGR Jesús Murillo Karam, confirmó que si bien hubo un enfrentamiento, este fue solo de algunos minutos y que en efecto, tres militares asesinaron sin razón a los sobrevivientes del choque, por lo que serían consignados, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
Horror revelado
En la recomendación del caso, la CNDH reveló que no fueron 8 las personas ejecutadas extrajudicialmente como dijeron las autoridades, sino 15 de ellos que ya se habían rendido tras el enfrentamiento.
Pero el documento del ombudsman nacional reveló muchas irregularidades más, como la alteración premeditada del lugar de los hechos para borrar las evidencias, informes oficiales totalmente falseados, y la tortura que infringieron agentes ministeriales del estado de México a las sobrevivientes
En ese contexto el ombudsman incluyó como uno de los puntos recomendatorios dirigido directamente a Murillo Karam que “gire instrucciones para que se aceleren las diligencias y se realice una pronta consignación”. Eso fue hace 10 días.