La organización internacional Human Rights Watch (HRW) equiparó la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, con la masacre de Tlatelolco en 1968.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW, señaló que el gobierno mexicano fue omiso y reaccionó tarde y mal ante la crisis, pues debió haber interrumpido el secuestro de los normalistas desde las primeras horas.
En el marco de su visita a México, durante la cual buscará reunirse con el gobierno federal para conocer los avances de los casos Tlataya y Ayotzinapa, el activista lamentó que ambos casos sienten un antecedente trágico, como no se conocía desde hacía décadas en la historia de América Latina.
Lamentó que México repita su historia, pues, aseguró, hechos como los de Iguala sólo pueden equipararse con la masacre de la Plaza de las Tres Culturas.
“Nosotros no conocemos una situación similar salvo si nos remontamos a Tlatelolco, en México, a fines de los 60 y al gobierno de (Gustavo) Díaz Ordaz. En esas épocas se producían este tipo de eventos. Masivas desapariciones de personas donde nadie rendía cuentas. En este caso se produce en el siglo XXI, porque felizmente en América Latina están superadas este tipo de prácticas. Lamentamos un hecho de esta magnitud, de esta gravedad, a la vista de todos los mexicanos, la comunidad internacional y los medios”, dijo en conferencia de prensa.
En el secuestro de los normalistas y el asesinato de otras seis personas a manos de la policía municipal y el Ejército no hay nivel de gobierno que esté libre de culpa, señaló el activista durante su encuentro con los medios, pues dejaron pasar las primeras horas después del secuestro, vitales para dar con el paradero de los desaparecidos.
También acusó de omisión, pues aseguró que el gobierno de Guerrero sabía lo que estaba pasando en el momento en que el secuestro ocurría y no hizo nada para evitarlo, mientras que el gobierno mexicano desperdició las primeras horas que pudieron haber permitido encontrar a los muchachos. Además, señaló que la Procuraduría General de la República atrajo el caso hasta el 4 de octubre y el presidente Enrique Peña Nieto se pronunció sobre el tema hasta el 6 de octubre.
No hay excusa, demandó, para no haber actuado, pues señaló que aún si las autoridades locales no hubiesen informado a las federales de lo que ocurrió, los medios de comunicación nacionales e internacionales dieron cuenta del hecho desde el día siguiente.
“El presidente Peña Nieto reaccionó tarde y mal porque (la primera vez que se pronunció) sostiene que el problema es de Iguala, como si esto fuera Guatemala. Esto es México y él como Presidente tiene la obligación, desde las primeras horas de ocurridos los hechos, de disponer de todos los medios y recursos con los que cuenta el Estado para lograr interrumpir la consumación de una desaparición de esta magnitud”.
“No hemos conocido un caso de la magnitud, gravedad y escala del caso Iguala en los últimos años y décadas en México”, dijo.
Aseguró que los casos de Iguala y Tlataya sólo pueden explicarse por el sistema de impunidad que consiste en que cuando agentes del Estado cometen atrocidades, “esos hechos no son objeto de investigaciones rigurosas, imparciales, donde se castiga no sólo a los autores materiales, sino a los que han dado las órdenes. La regla en México es la impunidad”.
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