Sobre la iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Legislativo hace unos días, y cuyo objetivo es “facilitar la contratación y ejecución de las obras públicas, agilizando los procedimientos y garantizando que los recursos se administren como lo mandata la propia ley: con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, tal y como lo señala el Artículo 134 Constitucional”, un puntilloso observador señala:

 

A ver, todo lo que este gobierno federal haga en materia legislativa para, supuestamente, dificultar las prácticas de corrupción y la subsecuente impunidad en las multimillonarias adquisiciones oficiales, no servirá de nada mientras no decida hincarle el diente al espinoso tema del control.

 

La cuasi inexistente Secretaría de la Función Pública -antes denominada Secretaría de la Contraloría General de la Federación- sobrevive en un limbo legal porque no es lo que fue en el momento de su creación (que tampoco era como para presumir), y tampoco hay señales de que el supremo gobierno piense en serio convertir a ese elefante blanco en un instrumento eficaz, que le corte las uñas a los delincuentes de cuello blanco -funcionarios públicos y empresarios privados- que se hinchan los bolsillos con dinero hurtado del presupuesto nacional.
Para empezar, los neopriistas del siglo XXI que gobiernan en este sexenio, tendrían que reconocer el absurdo contrasentido de que la contraloría que vigila al Poder Ejecutivo dependa del propio Poder Ejecutivo.

 

¡Ah!, ¿verdad?

 

El mismo observador remata: En fecha tan lejana como el 8 de septiembre de 2009, el entonces presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa anunció la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP), nacida en 1983. Pero esa supuesta desaparición quedó en buenos deseos, en buenas intenciones, hasta que el actual inquilino de Los Pinos declaró a su vez, al inicio de este sexenio, que la SFP tenía los días contados para dar paso al surgimiento de la Comisión Nacional Anticorrupción.

 

Sin embargo, nadita de nada. Ni los nuevos priistas del siglo XXI han desaparecido la SFP, ni existen señales de que esté próximo el nacimiento de la multianunciada Comisión Nacional Anticorrupción.

 
Pregunta ingenua: ¿Por qué ha resultado tan difícil, casi imposible aplicarle los santos óleos legales a la SFP?

 

¡Difíííícil de responder!

 

AGENDA PREVIA

 

Como por arte de magia, bueno, gracias a las medidas adoptadas por la Secretaría de Hacienda, la tasa de informalidad en el país detuvo su acelerado crecimiento. O para decirlo elegantemente: “alcanzó su punto de inflexión”. El titular de las finanzas públicas, Luis Videgaray, informó que en el último año la tasa de crecimiento del empleo fue de 4.2%, según las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que significa que se han creado 671 mil empleos en los últimos 12 meses.

 

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“Es notable que el empleo formal está creciendo por arriba de la tasa de crecimiento de la economía (mala y ventajosa comparación, dirán algunos), esto quiere decir que por primera vez estamos teniendo un punto de inflexión en el crecimiento de la tasa de informalidad. Mejor todavía: Después de un periodo de 15 años de incremento sostenido en la tasa de informalidad, por primera vez en los últimos dos años estamos viendo una reducción; de hecho, hoy estamos en el punto mínimo en los últimos cinco años en la tasa de informalidad que reporta el INEGI”, subrayó Videgaray.

 

O sea que a los casi 30 millones de informales que hasta hace poquito existían en el país, hay que restarle 671 mil. Y si seguimos por el mismo camino, llegará un día, muy, pero muy lejano, en que no existan los informales. ¡Nada les parece!

 

Qué bueno, que el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos, informe a la población que la delincuencia organizada y desorganizada no tiene su base de operación en la Ciudad de México; “sólo viene a vacacionar”, precisó. ¡Pues han de ser vacaciones permanentes!

 

Ya metidos en la inseguridad, qué consuelo para los habitantes de Chihuahua que su gobernador, César Duarte Jáquez, haya tenido la gentileza de informarles que la violencia que azota a su estado es “atípica y temporal”. Debería buscar en el diccionario el significado de esas palabritas.