En medio de los cuestionamientos hechos sobre la actuación del Ejército en casos como Tlatlaya o Iguala, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, señaló ayer que las fuerzas armadas continuarán cumpliendo con su labor constitucional pese a lo que calificó como “juicios injustos”.
En el marco de la colocación de la primera piedra de lo que será una nueva base de Policía Militar en Escobedo, Nuevo León, Cienfuegos aprovechó para responder a las críticas que en distintas vertientes ha recibido al Ejército, aunque no mencionó ningún caso específico.
“En el Ejército continuaremos cumpliendo con nuestra labor sin amedrentarnos por juicios injustos, algunos sin duda erróneos, carentes de fundamento, malintencionados y que la institución armada no merece”, señaló.
Cienfuegos recordó que el Ejército mexicano, desde hace ya algunos años, asumió una tarea de colaboración en la seguridad pública a la espera de que las policías locales cumplan con su proceso de evaluación y reestructuración.
Subrayó que los militares ajustan su actuación y conducta a lo que marca la Constitución y las leyes que de ella se desprenden “mostrando solidez en lo correcto y en estricta observancia de los derechos fundamentales”.
Además, el secretario de la Defensa advirtió que aspectos como “el rumor, la intriga y la deslealtad” lo único que hacen es debilitar a las instituciones y frenar el desarrollo del país.
En ese contexto Cienfuegos reconoció que el país atraviesa actualmente una circunstancia de seguridad compleja e incluso sostuvo que “el progreso del país está en juego”, por lo que es necesario de la actuación responsable de todos.
“Es necesario reflexionar que los problemas, obstáculos y antagonismos que se oponen al progreso de México son responsabilidad de todos, responsabilidad que cada quien debe asumir tanto en sus actos como en sus dichos”, dijo.
Las críticas
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió en octubre una recomendación dirigida al Ejército Mexicano tras confirmar según sus investigaciones que soldados ejecutaron extrajudicialmente a por lo menos una docena de personas luego del enfrentamiento ocurrido en Tlatlaya, estado de México.
El ombudsman nacional no sólo responsabilizó del homicidio a los soldados sino de haber alterado premeditadamente el lugar de los hechos para ocultar la evidencia. La Sedena aceptó la recomendación aunque dijo que no estaba de acuerdo en “varios puntos”.
En el caso Iguala algunos de los padres de los jóvenes normalistas desaparecidos acusaron a los militares de no haber impedido el ataque e incluso de revictimizar a los estudiantes que no fueron secuestrados. 24 HORAS publicó la semana pasada que el ex alcalde de ese municipio, José Luis Abarca, presumía de la “lealtad” que se había ganado del 27 Batallón de Infantería.