Grupos de choque o infiltrados buscan aprovecharse de la protesta pacífica para criminalizar las causas, ante ello las autoridades debe actuar con contundencia, sentenciaron representantes de organizaciones civiles.

 

Ante hechos violentos como la quema una unidad del Metrobús o el incendio de la puerta de Palacio Nacional, tanto la autoridad local como la federal deben asumir su responsabilidad, detener y castigar a los verdaderos responsables.

 

En lo anterior coincidieron Francisco Rivas Rodríguez, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), y Luis Wertman Zaslav, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del DF, en entrevistas por separado para 24 HORAS.

 

Los activistas señalaron que la situación actual se deriva de un fenómeno de impunidad y hartazgo social de tiempo atrás, donde la libertad de expresión, la frustración y el enojo no deben confundirse con la producción de factores de violencia y actos que pongan en vulnerabilidad a la sociedad.

 

A decir de Rivas Rodríguez dicha situación se deriva también de la antipatía que provoca en la sociedad actos de ilegalidad y violencia.

 

“Un acto de ilegalidad si no se castiga se fomenta y toda impunidad genera daños importantes para el país. Ante actos de violencia, debería haber una verdadera colaboración entre autoridades locales (del DF) con las federales, y deberíamos verla con toda contundencia y no que se echen la bolita entre ellos”, dijo.

 

“La ilegalidad no se resuelve con ilegalidad, no es posible que una autoridad deje de hacer su trabajo por cualquier motivo, necesitamos una autoridad que cumpla con su deber. Cómo es posible que 20 personas encapuchadas puedan destruir cosas a su paso y no les pasa nada”, advirtió Rivas Rodríguez.

 

Para el titular del ONC, resulta muy evidente el hecho de que en México existe un temor por castigar actos de violencia, pues ante la acción de la autoridad pueden generarse situación como el caso Tlatlaya, pues en el país “nos falta un equilibrio entre el actuar y el bien actuar, pero una autoridad tienen que actuar con contundencia y para defender los intereses del Estado y de las personas”.

 

Por otra parte Wertman Zaslav consideró que hay gente, entre ellos “golpeadores profesionales”, que aprovecha las expresiones de la sociedad para infiltrarse y generar confusión, por lo que las autoridades deben detenerlos.

 

“Son golpeadores muy específicos que tapándose cobardemente la cara atentan contra la sociedad (…) Alguien los está provocando atrás para obtener algún beneficio, no sé si político o qué, pero con unas ganas de que las cosas empeoren, a lo mejor se deben a los intereses de muchos y dependiendo el tema (de protesta) es como se mueven”, reiteró.

 

Señaló que sin restarle responsabilidad a los policías, “hay ciertos vacíos en nuestro poder jurídico que hace que el delincuente esté en una posición privilegiada para evitar ser castigado, lo malo es esta serie mecanismos jurídicos que hacen que un juez les pueda dictar el que no tengan que pagar ninguna pena por ‘x’ o ‘y’ razón”.