LONDRES. En estos momentos, se considera que el intento de perpetrar un atentado terrorista en el Reino Unido es “altamente probable”. Ante esa posibilidad, el gobierno británico presentó en el Parlamento un proyecto de ley que le permitirá impedir temporalmente el retorno al Reino Unido de presuntos yihadistas, entre críticas de expertos legales y organizaciones de defensa de las libertades civiles.

 

Al detallar por escrito la legislación, que se debatirá hoy en la Cámara de los Comunes, la ministra de Interior, Theresa May, dijo que es “esencial” para hacer frente “a las graves y cambiantes amenazas” que afronta el país.

 

Según la ministra, el texto, que también otorga a la policía poderes para confiscar pasaportes de sospechosos en los puntos de entrada y salida al país, incluye “propuestas mesuradas y dirigidas” que buscan garantizar la seguridad nacional.

 

Sin embargo, el proyecto legislativo, que ya adelantó en septiembre el primer ministro, David Cameron, ha sido cuestionado por el propio asesor gubernamental en materia de terrorismo, David Anderson, y varios grupos defensores de las libertades civiles.

 

En una declaración ante una comisión parlamentaria, Anderson expresó sus reservas por la aplicación práctica de las llamadas Órdenes temporales de exclusión, que impiden el regreso de los presuntos yihadistas, y echó en falta “implicación de los tribunales” para ofrecer garantías legales al proceso.

 

El abogado señaló, no obstante, que, a su entender, el gobierno prevé usar esas polémicas órdenes no tanto para mantener alejados a los sospechosos, con el riesgo de convertirlos en “apátridas”, sino a fin de “gestionar su retorno”, condicionándolo a que accedan a entrevistarse con la Policía.

 

El Proyecto de ley de seguridad y contra el terrorismo, que podrá ser enmendado en su trámite parlamentario, obligará a las aerolíneas y a las empresas de comunicaciones a facilitar datos de sospechosos, y a las escuelas, universidades, ayuntamientos y prisiones a tomar medidas para impedir la radicalización de los ciudadanos.

 

Se obligará a las personas consideradas de riesgo a someterse a procesos contra la radicalización y las autoridades podrán reubicar dentro del Reino Unido a sospechosos que no pueden ser acusados por falta de pruebas, algo muy criticado también por AI. La ley prohibirá además a las aseguradoras cubrir el dinero invertido en el rescate de prisioneros.

 

Se calcula que unos 500 ciudadanos se han desplazado a Irak o Siria en los últimos meses para luchar en las filas del grupo yihadista Estado Islámico, al tiempo que han aumentado las detenciones de presuntos yihadistas en territorio británico.