CARACAS. El Gobierno de Venezuela confirmó la muerte por consumo indebido de medicamentos de trece presos y de la intoxicación de otros 145 en una cárcel del occidente del país, mientras que la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) asegura que el número de fallecidos hasta ahora es de 21.
“Informamos el lamentable deceso de 13 internos, entre tanto el personal médico hace sus mejores esfuerzos para reanimar a los afectados”, dice un comunicado del Ministerio de Servicios Penitenciarios difundido al referirse a los fallecidos de la cárcel de Uribana ubicada en el occidental estado Lara.
En el escrito se indica que, según otros reos, “algunos privados de libertad, en situación de insubordinación procedieron a asaltar el puesto de salud e ingresaron violentamente al área de enfermería, (…) procediendo a ingerir múltiples fármacos tales como: antibióticos, antihipertensivos, hipoglicemiantes, antiepilépticos, alcohol absoluto, entre otros”.
Esta situación, se señala en el comunicado, “produjo una intoxicación de un grupo importante de privados de libertad”, 145 personas, que “han sido debidamente atendidos por el personal de salud”.
El motivo por el cual los presos asumieron esta actitud, señala el Ministerio de Servicios Penitenciarios, tiene que ver con una protesta que el lunes pasado en la mañana inició un grupo de reos que decidió declararse en huelga de hambre para pedir la destitución del director del centro.
“Siendo aproximadamente las 8:30 de la mañana, se tornaron violentos los internos del módulo 2 y comenzaron a romper las paredes y las puertas de las áreas de reclusión. De inmediato se pidió apoyo a la GNB (Guardia Nacional Bolivariana, policía militarizada)”, se narra en el comunicado.
En medio de esta situación, siempre según el ministerio, es que un grupo de presos decide irrumpir en el área de enfermería.
El director del OVP, Humberto Prado, dijo a la Agencia EFE que el número de muertos en la cárcel de Uribana era de 17, mientras que otros cuatro internos que había sido trasladado en las últimas horas desde ese penal hasta el internado de Tocorón (centro) también había fallecido por las mismas causas, con lo que los decesos llegarían a 21.
“Tenemos información de 17 muertes en Lara y cuatro en Maracay (centro), además de 90 intoxicados que están hospitalizados”, indicó Prado que más temprano ofreció a Efe la información de la existencia de 13 muertes en estas cárceles por intoxicación medicamentosa.
El 19 de octubre de 2012, el Gobierno de Venezuela decretó una emergencia “en materia de infraestructura carcelaria” para la recuperación o construcción de nuevas prisiones, después de que el primer trimestre de ese año terminase con 304 presos muertos y 527 heridos a causa de diferentes y motines y reyertas en las cárceles.
Desde entonces, el Gobierno aplicó estrictas medidas disciplinarias con el objetivo de desterrar las armas de las prisiones y erradicar las mafias carcelarias.
Video escándalo lleva a juicio a opositor
CARACAS. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) declaró procedente el enjuiciamiento del diputado opositor Juan Carlos Caldera por la “presunta comisión de los delitos de suposición de valimiento y legitimación de capitales”, a lo que este respondió con su renuncia al Parlamento.
El Tribunal decidió “con lugar la solicitud de antejuicio de mérito (…) para su enjuiciamiento” por los delitos sancionados en la Ley contra la Corrupción y la Ley Contra la Delincuencia Organizada, en un fallo emitido este jueves.
Caldera, perteneciente al partido Primero Justicia (PJ), protagonizó un vídeo divulgado en plena campaña de las presidenciales de octubre de 2012, en el que aparece recibiendo un sobre con dinero, por lo que fue separado de la campaña del entonces candidato opositor Henrique Capriles.
Con este fallo, fue ordenada la notificación a la Asamblea Nacional de la decisión “a los fines de que ese Órgano Legislativo Nacional delibere sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria” de Caldera.
Sin embargo, el propio parlamentario renunció a su cargo ayer luego de darse a conocer el fallo del tribunal, evitando así que su caso sea sometido al debate público de la Cámara.
“Juan Carlos Caldera no nació diputado, Juan Carlos Caldera lo que nació fue luchador de calle y ahí vamos a seguir. Que nadie dude de que nos estamos retirando porque estamos renunciando, estamos asumiendo una responsabilidad con Venezuela”, dijo en una rueda de prensa, acompañado de otros dirigentes opositores.
La decisión del TSJ responde a la solicitud de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien el 20 de mayo de 2013 había solicitado al máximo tribunal que evaluara si había méritos para el enjuiciamiento del parlamentario.
Capriles, líder del partido de Caldera, ha dicho que la investigación emprendida por diputados chavistas a esa organización por supuestos casos de corrupción tenía como único objetivo ir tras él.
Caldera ha asegurado en varias oportunidades que el vídeo “fue grabado ilegalmente” por un militar del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y que “fue editado” con posterioridad para afectarlo “aún más”.
Soberanía aérea
CARACAS. El Gobierno de Venezuela prohibió el despegue de pequeñas y medianas aeronaves privadas al iniciar una operación policial y administrativa antidrogas y anticorrupción en siete aeropuertos del país, sin fecha fija de término.
La operación se desarrolla en tres aeropuertos que sirven a Caracas y otros situados en los estados Zulia (noroeste), Carabobo (centro), Nueva Esparta (Isla de Margarita, noreste) y Anzoátegui (noreste) y en su inicio registró la retención de una decena de aeronaves.
El vicepresidente del Gobierno, Jorge Arreaza, informó a través de la red de la televisión estatal que la operación en busca de trazos de droga y adicionalmente de revisión de documentos tiene el objetivo de “regularizar y garantizar que todo esté en regla”.
“Aquellos aviones, aeronaves y pilotos que no estén en regla pasarán a ser investigados y se tomarán las medidas dentro del marco de las leyes aeronáuticas y otras leyes venezolanas”, dijo Arreaza desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas.
El funcionario no reveló la duración de la operación en el lugar, que “profundiza”, destacó, los controles rutinarios que se cumplen en ese y en todos los aeropuertos venezolanos.
En compañía de la ministra del Interior, Carmen Meléndez, y autoridades de la Oficina Nacional Antidroga (ONA) y del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), el vicepresidente agregó que la revisión incluye la confirmación del pago de impuestos y otras “solvencias tributarias”.