El gobierno del Distrito Federal (GDF) defendió ante la CDHDF,  la necesidad de implementar el Viaducto Vehicular Santa Fe-Periférico, una vialidad elevada, que compartirá cierta infraestructura y derecho de vía con el proyecto del Tren Interurbano Toluca-Valle de México; obra por la cual no habrá expropiaciones de inmuebles.

 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informó que en días pasados recibió respuesta de las autoridades capitalinas a sus medidas precautorias de evaluar el aplazar la ejecución de la obra hasta que hubiera consenso con los vecinos y se analicen los impactos sociales y económicos que dicha construcción.

 

La Comisión indicó que su Tercera Visitaduría General investiga y documenta una queja que recibió desde hace 15 días, el 24 de noviembre, por la construcción del Tren Interurbano, la cual plantea que existe falta de información precisa del proyecto y por la cual se adjuntaron 87 solicitudes más de habitantes del Pueblo de Santa Fe y colonias circunvecinas.

 

El GDF en su respuesta precisó que la información del proyecto se ha socializado con la persona peticionaria en diversas mesas de trabajo,  y que el Tren Interurbano Toluca-Valle de México es una obra de carácter federal.

 

En un comunicado, el organismo defensor de los Derechos Humanos capitalinos señala que ante esta respuesta de la autoridad capitalina se mantendrá atenta a que la población en general reciba de las autoridades la información necesaria sobre la obra.

 

La CDHDF dijo que los denunciantes también señalan la presunción de posibles afectaciones a viviendas ubicadas en la Avenida Vasco de Quiroga.

 

Las medidas precautorias que solicitó, dijo, no prejuzgaron sobre la veracidad de los hechos narrados por la persona peticionaria, sino que su única finalidad es evitar la consumación irreparable de presuntas violaciones a derechos humanos.

 

La víspera los diputados locales Eduardo Santillán y Agustín Zepeda Cruz (PRD) revelaron que el ombudsman capitalino había recomendado al GDF valorar la pertinencia de aplazar la ejecución de la obra hasta que hubiera consenso con los vecinos y se analicen los impactos sociales y económicos que dicha construcción.