WASHINGTON. El Senado de EU dio un paso más para aumentar las sanciones contra el Gobierno de Venezuela, tras aprobar un proyecto de ley que permite la suspensión de visas y la congelación de los activos estadunidenses de algunos de sus funcionarios tras meses de disenso en el seno de la Cámara.

 

El texto legislativo, impulsado por el republicano Marco Rubio y el demócrata Robert Menéndez, fue aprobado a viva voz por los legisladores apenas 48 horas después de la segunda vuelta de los comicios legislativos en Luisiana, donde la senadora demócrata Mary Landrieu perdió su escaño frente al republicano Bill Cassidy.

 

Landrieu era el último escollo para que se aprobase el proyecto de ley, sobre el cual había presentado objeciones durante el verano al temer que las sanciones impactaran en una planta de la petrolera venezolana Citgo en Luisiana y, en consecuencia, eso le hiciera perder votos y pusiera en peligro su asiento.

 

Mientras tanto, la Cámara Baja ya había aprobado hace tiempo un proyecto de ley similar impulsado por los legisladores cubano estadunidenses Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart, ambos republicanos.

 

Ahora, el proyecto legislativo de la Cámara Alta tendrá que enviarse de nuevo a la Cámara de Representantes para su consideración, de manera que si lo aprueban sólo restará la firma del presidente del país, Barack Obama, para su entrada en vigor.

 

Sin embargo, de no hacerlo antes de que culmine el mandato de este Congreso por el receso navideño, las dos cámaras deberían comenzar de nuevo el proceso legal al conformarse el nuevo Legislativo en enero, de absoluto control conservador tras la victoria republicana de los comicios del pasado 4 de noviembre.

 

Durante meses, la Administración Obama se opuso a aumentar las sanciones contra el Gobierno venezolano en respuesta a los episodios de violencia y represión que se desencadenaron en el país desde las manifestaciones estudiantiles del pasado febrero, con la esperanza de que oposición y Gobierno acercaran posturas. La Casa Blanca había reiterado desde que comenzaran las protestas en Caracas, en las que fallecieron más de 40 personas, que el conflicto debía resolverse de manera interna.