BUENOS AIRES. El ex jefe de interrogadores de uno de los principales centros de detención y tortura durante la última dictadura militar en Argentina dijo el jueves que entregó a la justicia una lista de 25 víctimas de la represión e identificó los lugares donde estarían enterradas como un gesto de compasión hacia los familiares de los desaparecidos.

 

El militar dado de baja Ernesto Barreiro, quien es juzgado por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino La Perla, en la provincia de Córdoba –800 kilómetros al noroeste de Buenos Aires– entregó el miércoles al tribunal algunos nombres de los 400 disidentes estuvieron allí y figuran como desaparecidos.

 

Su confesión ha causado gran impacto dado que Barreiro es una figura emblemática de la represión ilegal que al parecer ha roto el pacto de silencio que mantienen la mayoría de los militares juzgados por los sucesos ocurridos durante el régimen de 1976 y 1983.

 

Consultado sobre las razones que lo llevaron a entregar esa información junto a otros ex compañeros de armas también juzgados, Barreiro dijo a radio Mitre de Córdoba que responde a “una obligación moral con los sufrientes”. No obstante, la justicia contempla una reducción de penas para los acusados que colaboran con el esclarecimiento de un crimen.

 

“Hablé media hora. Hay información sensible por respeto a los deudos, cautela en el manejo de nombres”, explicó desde la prisión de Bower, donde está detenido, para justificar su negativa a difundir en público la nómina de víctimas ya que lo hizo en una audiencia privada con el tribunal que lo juzga.

 

Ante los jueces, Barreiro identificó tres lugares en los que podrían estar los cuerpos, pero una primera inspección ocular a los lugares señalados arrojó resultado negativo.

 

“Si no se encuentra puede obedecer a muchas razones, varias de ellas las podré exponer el año que viene. El valor está dado en los nombres de las personas, no en que las encuentren o no”, dijo el ex militar, quien no tiene condenas en su contra.

 

Barreiro, de 67 años, aclaró que “no asesinó, no fusiló ni enterró a nadie”, pero tampoco ofreció detalles sobre las circunstancias y autores materiales de los crímenes de las 25 personas.

 

“Doy mi versión de las cosas desde la óptica de un tipo de 20 y pico, el nivel de información al que yo podía acceder era mínimo”, aseguró Barreiro pese a que en ese entonces tenía a su cargo a los torturadores.

 

Agregó que él nunca estuvo de acuerdo con el plan de represión ilegal que desplegaron las Fuerzas Armadas para combatir la subversión, pero era un subordinado que debía acatar las órdenes. También cuestionó la decisión de los altos mandos militares de destruir los archivos con los nombres de los detenidos-desaparecidos antes del retorno de la democracia en 1983.

 

Barreiro fue uno de los líderes de una rebelión militar en 1987, durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, que forzó la sanción de las leyes de amnistía a favor de los acusados por crímenes de lesa humanidad y que casi dos décadas después fueron derogadas, permitiendo la reapertura de cientos de causas.

 

Tiempo después escapó a los Estados Unidos, el cual lo extraditó a Argentina en 2007.

MG