A pocos días de estallada la crisis Iguala-Ayotzinapa, el entrante presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, pidió perdón a los afectados… y nada pasó, a pesar de que el alcalde perredista dio la orden de detener a los estudiantes y entregarlos a Guerreros Unidos. La indignación y crítica nacional e internacional exige no solicitudes de perdón sino decisiones ejecutivas.
El historiador Enrique Krauze pidió en un artículo en el The New York Times que el presidente Peña Nieto se disculpara ante los mexicanos por la crisis de Iguala-Ayotzinapa. Pero la nación no quiere que las solicitudes de perdón eludan las decisiones de poder que de una vez por todas contribuyan a resolver la inseguridad.
Al gobierno del presidente Peña Nieto le falta la definición de un diagnóstico de la crisis de seguridad que comenzó con el relevo de clase política por tecnócratas, se agudizó cuando el PAN tomó la Presidencia sin atender el papel del sistema en las redes criminales, entró en zona de turbulencia con la guerra de Felipe Calderón contra los cárteles y se convirtió en la principal herencia al PRI en 2012.
El fin del Estado de bienestar y las reformas económicas sin reformas políticas desde 1982 desataron los amarres criminales del sistema político priista. Pero a pesar de la ola de criminalidad que comenzó en mayo de 1984 con el asesinato del columnista Manuel Buendía, el sistema político se la ha pasado eludiendo decisiones reales y posponiendo los conflictos.
La crisis de Iguala-Ayotzinapa que estalló el alcalde perredista de Iguala ha llevado al Presidente de la República a navegar con dificultad en un sistema desarticulado y sin autoridad, con un presidencialismo con autoridad pero sin autoritarismo y apresado en la red de intereses del sistema político que se niega a cambiar.
Más que disculparse, el Presidente de la República debería pasar a la ofensiva más dinámica; sus 10 propuestas podrían no obtener el aval del congreso por las actitudes mezquinas del PAN y del PRD, paradójicamente dos fuerzas políticas involucradas en decisiones que enredaron las cosas en Guerrero: el PAN por la guerra de Calderón contra los cárteles y el PRD por apadrinar al alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Como Obama, el presidente Peña Nieto tiene instrumentos ejecutivos para tomar la iniciativa con decisiones de fondo sin pasar por el Congreso; por ejemplo, debería tomarle la palabra a los padres de los normalistas y desaparecer poderes en Guerrero, nombrar una junta plural y concejos municipales y posponer las elecciones de gobernador, y de paso ajustar su gabinete para refrescar imagen.
Asimismo, podría operar con rapidez los mandosúnicos en estados gobernados por priistas, reorganizar los mandos policiacos por jefes más operativos y crear un verdadero programa de Estado de bienestar. La única forma de atender el problema del campo es con una iniciativa de reforma agropecuaria comandada por el Estado.
Lo peor que le puede pasar a un presidente es disculparse porque ofrecería una imagen de debilidad institucional frente a organizaciones sociales rupturistas. Los mexicanos no quieren disculpas sino decisiones. Pero para romper el cerco se requiere que haya iniciativa política reformista, no discursos ni disculpas.