Tráfico de influencias, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, uso de recursos de procedencia ilícita, acoso sexual, son algunas de las conductas en las que se han visto relacionados jueces y magistrados de la federación en lo que va del año.

 

Ante ello, el Consejo de la Judicatura Federal los ha separado de sus cargos como medida de sanción administrativa, y en su caso, enfrenten las investigaciones y sanciones penales correspondientes.

 

Con base en el Cuarto Informe de Labores de la SCJN, en 2014 la Contraloría de la Suprema Corte ha tramitado 205 asuntos de responsabilidad administrativa e ha impuesto 63 sanciones por acoso sexual e incumplimiento en la declaración patrimonial, así como en la comprobación de viáticos, entre otras, y se levantaron 160 actas administrativas.

 

Por su parte, la Contraloría del Poder Judicial inició 320 procedimientos de responsabilidad y 140 investigaciones por denuncia, también documentó 436 sanciones en el registro de servidores públicos y emitió mil 816 constancias de antecedentes de sanciones.

 

En dicho periodo, sólo dos servidores públicos de la SCJN fueron inhabilitados, 12 del Consejo de la Judicatura Federal, y cuatro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En Materia de destitución del puesto, sólo uno de la SCJN; uno del CJF, y ninguno del TEPJF.

 

Cabe destacar que en el informe no se precisa el cargo de cada uno de los servidores públicos sancionados y sólo se refieren en general al tipo de sanciones que recibieron.

 

Sin embargo, a lo largo del año la Judicatura Federal informó sobre procesos disciplinarios y presentación de denuncias penales en contra de jueces y magistrados relacionados con actividades delictivas, entre ellas la regularización ilegal de autos de procedencia extranjera y los fallos parciales a favor e propietarios de casinos.

 

Algunos casos

 

En mayo de este año, el CJF denunció ante la Procuraduría General de la República a dos magistrados, un juez y un secretario de acuerdos presuntamente involucrados en una red de protección a favor de propietarios de casinos y casas de apuestas al norte del país.

 

Los magistrados, Eduardo Ochoa Torres, ex presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en Monterrey; y José Manuel Rodríguez Puerto, ex integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, con sede en Tamaulipas, así como al juez Javier Rubén Lozano Martínez, ex titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, en Monterrey, Nuevo León; y a Mario Alberto Prado Rodríguez, ex secretario técnico, fueron separados de sus cargos y actualmente son investigados penalmente para deslindar responsabilidades.

 

Los escándalos de corrupción vinculados a los casinos alcanzó al ahora ex consejero Daniel Cabeza de Vaca, quien se dijo dispuesto a declarar ante la autoridad ministerial por los casos de corrupción en los que se vio involucrado su secretario técnico, Prado Rodríguez.

 

Posteriormente el CJF presentó cargos en contra de Luis Armando Jerezano Treviño y Gerardo Tiscareño Mercado, quienes se desempañaban como juez y secretario del juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, Torreón, por su presunta responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

Entre las pruebas, en la página de la Secretaría de Gobernación sobre Sistemas de Información de Juegos, Sorteos y Casinos se otorgó el amparo 99/2008, que autorizaba la instalación de 41 centros de apuestas en La Laguna, Torreón.

 

Al respecto, la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, confirmó que Jerezano Treviño no justificó ingresos adicionales a los percibidos con motivo de su encargo por 3 millones 518 mil 959. 48 pesos.

 

También efectuó operaciones aparentemente ilegales por otros 3 millones 650 mil pesos en créditos que fueron liquidados de manera anticipada, además de abonos o depósitos a sus familiares superiores a los 4 millones 150 mil pesos.

 

Derivado de las investigaciones en contra de Esiquio Martínez Hernández, se logró rastrear a Álvaro Tovilla León, juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a quien se le relaciona con 23 juicios de amparo en el periodo 2006- 2008.

 

En ellos aparecen como promoventes de los amparos, los nombres de personas que posteriormente se identificaron como depositantes de las cuentas bancarias a nombre de Martínez, quien en su momento fungiera como su secretario de juzgado y quien se encuentra actualmente sujeto a proceso.

 

Asimismo, en la víspera fue destituido el magistrado del Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito Rafael Zamudio Arias, a quien se le comprobó responsabilidad administrativa de hostigamiento sexual y laboral en contra de empleados a su cargo.

 

Zamudio fue acusado de intentar besar a sus colaboradoras, de hacerles tocamientos, llamadas telefónicas nocturnas pretextando asuntos laborales, insinuaciones sexuales, acercamientos físicos y forzamiento para sostener relaciones sexuales en las instalaciones del propio tribunal.

 

De forma paralela, la Judicatura inició otro procedimiento de responsabilidad al detectarse movimientos y abonos en sus cuentas por 4 millones 697 mil 663 pesos, que no se corresponden con las percepciones como magistrado del Poder Judicial de la Federación.

 

Unos días antes, fue suspendido al juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar en Veracruz, Alfonso Javier Flores Padilla, involucrado en presuntos actos de corrupción, pues la adquisición de bienes e inmuebles a su nombre no correspondía con sus ingresos como impartidor de justicia, pues adquirió autos, inmuebles y realizó movimientos bancarios por 17 millones 959 mil, 900 pesos, un transacción valuada en 41 mil dólares, entre otros gastos por viaje.